El Gobierno eleva las ayudas por los costes de CO2 a las electrointensivas a 200 millones

Esta cantidad es notablemente superior a los 91 millones presupuestados inicialmente para intentar rebajar la factura eléctrica a las empresas que son grandes consumidoras de energía, como es el caso de Alcoa, Arcelor y Asturiana de Zinc. Precisamente, la medida comprometida por Blanco está encaminada a facilitar la resolución del conflicto de las plantas que la aluminera estadounidense posee en Avilés y La Coruña, después de que no se aprobase el estatuto para la industria electrointensiva.

Blanco trasladó a los trabajadores «el compromiso y la confianza» del Gobierno central demostrados durante estos meses en el trabajo realizado «tanto con el comité, como con los sindicatos y con las dos administraciones autonómicas». Un empeño en hallar soluciones que ayer se tradujo en ampliar las ayudas para los grandes consumidores de energía. Se trata de una iniciativa «que tomará el Gobierno incluso estando en funciones». En este sentido, el secretario general manifestó su confianza en «tener la mayoría suficiente» tras la cita con las urnas, aunque aseguró que, en cualquier caso, el compromiso ya estaba sobre la mesa y así se lo trasladó a los miembros del comité de empresa de la factoría avilesina, con quienes se reunió en la sede de Delegación del Gobierno.

En cuanto a los plazos, Blanco señaló que «en las próximas semanas tendremos fecha». Está previsto que se celebren reuniones con el comité de empresa y las federaciones sindicales y, en el marco de estos encuentros, se fijará el momento para la aprobación de esta medida. Una de las ventajas de esta iniciativa es que no necesita de un cambio normativo, sino que basta con efectuar una modificación presupuestaria para dotar de más fondos a esa partida. Asimismo, el secretario general de Industria señaló que, «en paralelo, continuarán los trabajos en el estatuto del consumidor electrointensivo para llegar a una pronta aprobación y así contribuir no solo a acompañar la inversión que se tiene que realizar al potencial inversor en las plantas de Alcoa, sino también al conjunto de esta industria que tan importante es para Asturias».

También compareció el presidente del comité de empresa de la planta avilesina, José Manuel Gómez de la Uz, quien señaló que en la mesa de seguimiento del conflicto de Alcoa, que se celebrará el 6 de abril, «se comprometen a dar la fecha y, si no, nos van a dar un documento donde digan que lo van a hacer». El sindicalista expresó su satisfacción con la medida: «Esto sí es, de verdad, un compromiso por parte del Gobierno. Esto sí ayuda a un inversor a saber que quien gobierna va a tomar medidas específicas para tener un marco energético estable».

Antes de la reunión con Raúl Blanco, los miembros del comité de empresa se reunieron en la FSA con la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y el secretario general del partido en Asturias, Adrián Barbón.

La dirigente socialista les trasladó que «por responsabilidad» no se había aprobado el estatuto por el riesgo de inseguridad jurídica debido a las objeciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). «Pero va a haberlo», sentenció tras reunirse con el comité. Por su parte Adrián Barbón recalcó que supondría «una traición a los trabajadores haber aprobado algo que sabemos que el lunes la UE iba a tirar hacia atrás».