El Gobierno eleva las ayudas por los costes de CO2 a las electrointensivas a 200 millones

El secretario general de Industria, Raúl Blanco, a la derecha de la delegada del Gobierno, Delia Losa, en la reunión con el comité de Alcoa. / Á. PIÑA
El secretario general de Industria, Raúl Blanco, a la derecha de la delegada del Gobierno, Delia Losa, en la reunión con el comité de Alcoa. / Á. PIÑA

El secretario general de Industria se compromete en Oviedo a adoptar esta medida, encaminada a facilitar la llegada de inversores a Alcoa

PALOMA LAMADRIDSANDRA S. FERRERÍA OVIEDO.

A dos días de las elecciones, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, realizó un viaje exprés a Asturias para explicar a los trabajadores de Alcoa por qué el Gobierno había decidido no llevar el estatuto de consumidores electrointensivos al último Consejo de Ministros de la legislatura, celebrado ayer, para su aprobación. A las siete y media de la tarde se reunió con el comité de empresa de la factoría avilesina para poner de manifiesto su compromiso de elevar las compensaciones por los costes de emisiones indirectas de CO2 hasta 200 millones de euros. Una reclamación que había realizado a primera hora de la tarde el Principado.

Esta cantidad es notablemente superior a los 91 millones presupuestados inicialmente para intentar rebajar la factura eléctrica a las empresas que son grandes consumidoras de energía, como es el caso de Alcoa, Arcelor y Asturiana de Zinc. Precisamente, la medida comprometida por Blanco está encaminada a facilitar la resolución del conflicto de las plantas que la aluminera estadounidense posee en Avilés y La Coruña, después de que no se aprobase el estatuto para la industria electrointensiva.

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Blanco trasladó a los trabajadores «el compromiso y la confianza» del Gobierno central demostrados durante estos meses en el trabajo realizado «tanto con el comité, como con los sindicatos y con las dos administraciones autonómicas». Un empeño en hallar soluciones que ayer se tradujo en ampliar las ayudas para los grandes consumidores de energía. Se trata de una iniciativa «que tomará el Gobierno incluso estando en funciones». En este sentido, el secretario general manifestó su confianza en «tener la mayoría suficiente» tras la cita con las urnas, aunque aseguró que, en cualquier caso, el compromiso ya estaba sobre la mesa y así se lo trasladó a los miembros del comité de empresa de la factoría avilesina, con quienes se reunió en la sede de Delegación del Gobierno.

En cuanto a los plazos, Blanco señaló que «en las próximas semanas tendremos fecha». Está previsto que se celebren reuniones con el comité de empresa y las federaciones sindicales y, en el marco de estos encuentros, se fijará el momento para la aprobación de esta medida. Una de las ventajas de esta iniciativa es que no necesita de un cambio normativo, sino que basta con efectuar una modificación presupuestaria para dotar de más fondos a esa partida. Asimismo, el secretario general de Industria señaló que, «en paralelo, continuarán los trabajos en el estatuto del consumidor electrointensivo para llegar a una pronta aprobación y así contribuir no solo a acompañar la inversión que se tiene que realizar al potencial inversor en las plantas de Alcoa, sino también al conjunto de esta industria que tan importante es para Asturias».

También compareció el presidente del comité de empresa de la planta avilesina, José Manuel Gómez de la Uz, quien señaló que en la mesa de seguimiento del conflicto de Alcoa, que se celebrará el 6 de abril, «se comprometen a dar la fecha y, si no, nos van a dar un documento donde digan que lo van a hacer». El sindicalista expresó su satisfacción con la medida: «Esto sí es, de verdad, un compromiso por parte del Gobierno. Esto sí ayuda a un inversor a saber que quien gobierna va a tomar medidas específicas para tener un marco energético estable».

Expectativas cubiertas

No se atrevió a decir que el futuro de Alcoa está garantizado, pero hay «una basemuy importante» que el comité reclama desde hace meses «para que un inversor pueda operar con las fábricas de aluminio en España». Aunque se podían haber tomado otras medidas, «con 200 millones encima de la mesa se cubren todas las expectativas». La UE permite destinar un máximo del 25% de los ingresos obtenidos por los derechos de emisiones de CO2 a rebajar el coste de la electricidad de la industria, lo que en España se traduciría este año en unos 235 millones.

Antes de la reunión con Raúl Blanco, los miembros del comité de empresa se reunieron en la FSA con la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y el secretario general del partido en Asturias, Adrián Barbón.

La dirigente socialista les trasladó que «por responsabilidad» no se había aprobado el estatuto por el riesgo de inseguridad jurídica debido a las objeciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). «Pero va a haberlo», sentenció tras reunirse con el comité. Por su parte Adrián Barbón recalcó que supondría «una traición a los trabajadores haber aprobado algo que sabemos que el lunes la UE iba a tirar hacia atrás».