Intervención General del Estado ratifica las irregularidades en las subvenciones de UGT

Intervención General del Estado ratifica las irregularidades en las subvenciones de UGT
Agentes de la UCO de la Guardia Civil, durante el registro realizado en enero de 2017 en la sede de UGT. / EFE

Su informe pericial cifra en 1,4 millones la cuantía recibida por el sindicato e IFES que «no cumple las condiciones para ser financiable» con cargo a las ayudas a la formación

R. MUÑIZ / A. MORIYÓN OVIEDO.

Intervención General de la Administración del Estado ratifica en un reciente informe pericial registrado en el Juzgado de Instrucción número 4 las presuntas irregularidades cometidas por UGT en relación a las subvenciones recibidas para cursos de formación. Esto es, confirma la tesis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que mantiene que la organización sindical utilizó sus fundaciones y empresas para hinchar los costes de los cursos que organizaba con las subvenciones percibidas y financiarse de forma ilegal.

El informe pericial elaborado por el órgano de control interno del sector público estatal, fechado el pasado 31 de agosto, fue solicitado hace casi un año por la magistrada-juez Carmen Blanco, a propuesta del fiscal Gabriel Bernal del Castillo, con el objeto de determinar si la organización sindical había cumplido o no sus obligaciones en la gestión y aplicación de las citadas subvenciones para la formación, «así como si existe corrección de la justificación realizada y la realidad y regularidad de las operaciones».

Intervención General del Estado concluye que UGT y su fundación IFES justificaron entre 2010 y 2014 con cargo a estas ayudas un montante de 1,4 millones que «no cumple las condiciones para ser financiable con la subvención», bien porque los gastos imputados «superan el valor de mercado» o bien por «no acreditarse la realidad del coste que se justifica». En concreto, según detalla el documento de 58 páginas al que ha tenido acceso EL COMERCIO, 704.782,82 euros los atribuye a irregularidades cometidas por UGT-Asturias y, los otros 752.883,62 euros, a su fundación IFES.

La cifra total del presunto fraude supone un ligero incremento con respecto a la cuantía recogida en el último informe emitido por la Guardia Civil, avanzado por este diario en enero de 2018, que establece la supuesta «financiación ilegal» de UGT en 1,35 millones, con un reparto algo distinto. Los investigadores policiales atribuyen un desvío de 849.233 euros a UGT, y de 504.049 a la fundación.

Aunque con un lenguaje mucho más aséptico al que utilizan los agentes de la Guardia Civil, Intervención concluye que la cuantía de 704.782 euros «indebidamente obtenida» por UGT en el periodo analizado implica «un lucro directo para la organización» porque, coincide con los agentes, se habrían incluido «gastos de estructura de la propia organización sindical, que no guardarían relación con la tramitación, gestión y evaluación de las actividades formativas subvencionables». Se refiere al hecho de que UGT imputara en concepto de costes asociados a la subvención parte de la nómina de sus trabajadores que, según defiende el sindicato, desarrollaban tareas de apoyo para la gestión y ejecución de la actividad formativa, si bien muchos de estos empleados niegan este extremo.

Con respecto a las subvenciones recibidas por la fundación IFES, el órgano de control entiende, entre otras cuestiones, que «las condiciones en las que se contrata el alquiler de equipos didácticos no son las necesarias para mantener la homologación como centro de formación ni las habituales en el mercado, lo que implica que se ha justificado un coste superior al valor del mercado».

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