«Es necesario recuperar los salarios conseguidos antes de la crisis»

El decano del Colegio de Economistas de Asturias, Miguel de la Fuente, en su despacho./ARNALDO GARCÍA
El decano del Colegio de Economistas de Asturias, Miguel de la Fuente, en su despacho. / ARNALDO GARCÍA

«No puede ser que un contribuyente pague cien veces más que otro por el impuesto de Sucesiones y Donaciones en función de donde resida»

PALOMA LAMADRIDGIJÓN.

El decano-presidente del Colegio de Economistas de Asturias, Miguel de la Fuente (Langreo, 1948), aportará hoy su larga experiencia laboral en las jornadas sobre 'Administración tributaria e impuestos' que se desarrolla dentro de los cursos de verano de La Granda. El experto hablará, entre otros asuntos, de un tema que suscita polémica: el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

-Aboga por una urgente coordinación en el impuesto de Sucesiones y Donaciones. ¿A qué se refiere?

-El impuesto sobre Sucesiones y Donaciones actualmente vigente en España no se aplica con igualdad por diversos motivos. El principal es porque la tributación no solo depende del valor del patrimonio transmitido, sino también de la residencia de los causantes o donatarios en unas u otras comunidades. Ello sucede así porque se trata de un impuesto cedido a estas comunidades que, además, disponen de capacidad normativa para la regulación de aspectos esenciales para determinar la tributación, como son las reducciones propias para mejorar las estatales, la tarifa, la modificación de la cuantía y coeficientes del patrimonio preexistente y las deducciones y bonificaciones en la cuota.

-¿A cuánto asciende esa desigualdad entre regiones?

-Lo cierto es que todas las comunidades han reducido el impuesto, pero no lo han hecho por igual ni al mismo tiempo. Esta descentralización crea desigualdades entre ellas, lo que hace que los contribuyentes con rentas y patrimonios elevados tiendan a concentrarse en las regiones con menores niveles de presión fiscal. Lo que no puede ser es que un contribuyente puede llegar a pagar cien veces más que otro en función de donde resida.

-¿Cómo podrían corregirse las desigualdades entre comunidades?

-El Estado ha hecho dejación del ejercicio de sus competencias básicas constitucionales en el orden tributario, ya que debería haber llegado a una cierta coordinación, al menos, entre las comunidades. Tendría que establecer una tributación mínima para todas las comunidades sin coartar la autonomía financiera que les reconoce la Constitución, pudiendo estas aumentar dicha tributación si lo consideran oportuno para hacer frente a unos mayores gastos públicos.

-En La Granda hablará sobre el papel del asesor fiscal ante la Administración tributaria. ¿Cuáles son las funciones más destacadas?

-El asesor fiscal es el profesional que se encarga del cumplimiento de las obligaciones tributarias ante la Administración pública, tanto de las personas físicas como de las empresas. El asesoramiento deberá buscar el máximo ahorro fiscal e informar al cliente de las posibles decisiones a tomar para alcanzarlo. Tendrá que realizarse conforme a las circunstancias personales del particular o la organización y siempre según la normativa vigente. Hay que tener en cuenta que el buen asesoramiento es el preventivo, es decir, el que se realiza siempre antes de cualquier operación. El asesor fiscal debe ser algo más que el profesional al que se acude para pagar menos impuestos, ya que no siempre es mejor el que consigue que su cliente pague menos a Hacienda. Pues en muchas ocasiones, si ese menor pago no se ajusta a las normas tributarias, las consecuencias para el contribuyente pueden ser funestas.

-¿Los particulares recurren poco a estos profesionales, salvo cuando toca pagar al fisco?

-Últimamente la figura del asesor fiscal se ha desarrollado entre las personas físicas, al igual que para las empresas, por la gran complejidad del sistema tributario y por la carga en el contribuyente de la gestión, cálculo y presentación de los impuestos.

-¿Se puede decir que ya hemos salido de la crisis?

-En los últimos cuatro años, la economía española ha crecido en torno al 3%, lo cual es importante. Diría que se ha acabado con la recesión, pero no con la crisis. Si nos atenemos a los datos macroeconómicos sí podríamos decir que hemos salido ya de la crisis, pero todavía tenemos unos retos importantes, como es el endeudamiento tremendo de las administraciones públicas, que casi llega al 100% de nuestro PIB. Aunque gracias a ese crecimiento hemos logrado reducir la tasa de paro, pero todavía hay muchas familias y ciudadanos que están parados. Y el empleo que se ha creado hasta ahora ha sido precario y con bajos salarios. Por lo tanto, con estos niveles de crecimiento, sí es necesario que los salarios vuelvan a recuperar ya los importes conseguidos antes de la crisis. Con el objetivo fundamental de que aumenten las rentas de las familias para poder incrementar el consumo, que es un motor importante para el crecimiento.

-¿Qué otros problemas generados por la crisis quedan pendientes?

-No podemos olvidar que en estos años de crisis algunos servicios públicos fundamentales, como la sanidad, la educación y la dependencia, han visto recortados sus presupuestos y, en consecuencia, se ha producido un retroceso en su calidad. Y no podemos dejar de hablar del gasto en I+D+i, tan necesario para el crecimiento económico. Sería muy deseable que se aumentase el presupuesto para este fin. Para que la crisis forme parte de nuestro pasado hay que regenerar y restituir lo perdido como consecuencia de ella.

-¿Qué debería conseguir Asturias en los ajustes del modelo de financiación autonómica anunciados por el Gobierno central?

-Debería lograr la suficiente financiación sobre todo de los principales gastos de la economía del bienestar. En especial, la sanidad, la educación y la dependencia. Asturias está ahora en una situación privilegiada. Esperemos que con la nueva negociación de dicho modelo de financiación autonómica se mejore si es posible o cuando menos no vayamos a peor. Le tengo pánico al peaje que pueda tener que pagar el Gobierno, sobre todo a los independentistas catalanes y vascos por su apoyo en la moción de censura y que eso detraiga recursos a las demás autonomías.

-La ministra Teresa Ribera cifra en 80.000 millones el coste de la transición ecológica. ¿Son asumibles para las arcas del Estado?

-Existe muchísima incertidumbre porque la ministra no ha explicado cómo se van a obtener esos 80.000 millones que piensa destinar en los próximos doce años ni ha dicho en qué se va a concretar esa inversión. La incertidumbre es tremenda y mucho más en Asturias porque tenemos una industria electrointensiva. Hay que tenerlo muy en cuenta y hacer una transición adecuada. Es esencial ver cómo se van a aplicar esos 80.000 millones, que no pase como con los fondos mineros, y que se concreten en una serie de actividades. Prescindir de forma rápida del carbón puede suponer un aumento del precio de la electricidad, que la industria pierda competitividad y se deslocalice.

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