Sánchez promete un «impacto cero» de la descarbonización sobre el empleo en Asturias

Sánchez promete un «impacto cero» de la descarbonización sobre el empleo en Asturias
De izquierda a derecha, las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las titulares de Industria, Reyes Maroto, y de Trabajo, Magdalena Valerio, ayer durante la presentación. / EFE

Aumenta del 35% al 42% el peso de las renovables para la próxima década y calcula movilizar 200.000 millones

JOSÉ M. CAMARERO / N. A. ERAUSQUIN

Las comarcas que vean cómo desaparecen sus minas y las centrales de las que depende su actividad y el empleo tendrán apoyos económicos cuando el Gobierno autorice el desmantelamiento de esas instalaciones a medio y largo plazo. Así lo expuso ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al presentar el Marco 'Energía y Clima' en el que se fijan los objetivos para las próximas décadas en materia de sostenibilidad. Sánchez reconoció que habrá «desajustes especialmente en aquellas comarcas vinculadas muy intensamente a los combustibles fósiles», pero también habló de un «impacto cero sobre el empleo y la población» en las comarcas afectadas.

En esos y otros casos, se implantarán «convenios de transición» en materia económica y de empleo; se facilitará el acceso a la financiación a nuevos proyectos, con ayudas europeas; y se habilitarán «incentivos fiscales», aunque no los detalló ni concretó cuando se firmarán esos convenios que se tienen que llevar a cabo de la mano de los agentes sociales, aclaró. Para Sánchez, este marco «está llamado a ser la brújula» que guíe la economía y «saque a España de la parálisis sin más tardanza».

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Consciente de las críticas generadas, indicó también que estas propuestas «no son nada caprichosas, sino posibles»; y cargó contra los «demagogos» que obligan a elegir entre «trabajo» o «sostenibilidad». Esos planes, incluidos en la Estrategia de Transición Justa que analizará mañana el Consejo de Ministros, pueden salir adelante a pesar de la disolución de las Cortes, prevista para el 5 de marzo, porque tienen asignada una partida presupuestaria en las cuentas en vigor prorrogadas del Gobierno anterior. Sin embargo, en lo que respecta a la tramitación del anteproyecto de Ley de Cambio Climático, quedará paralizada por la convocatoria de las elecciones generales. Y el Plan de Energía y Clima sí se remitirá a la Unión Europea, pero sin un desarrollo normativo en España quedará a la espera de lo que dicte el futuro Gobierno. En cualquier caso, este Ejecutivo, y el que surja de las urnas, tiene enfrente la oposición de los municipios que se verían afectados por el cierre de las térmicas y las nucleares, cuyo desmantelamiento estaría previsto desde 2020 hasta 2035.

El presidente reconoce que habrá «desajustes» que prevé paliar con convenios de transición

En Asturias, el Ejecutivo ya tiene sobre la mesa dos peticiones de cierre. Iberdrola solicitó el desmantelamiento de la central de Lada en noviembre de 2017 y a finales del año pasado Naturgy presentó la petición para clausurar la planta de Soto de la Barca. Por su parte, EdP ya ha manifestado que pretende seguir con sus instalaciones de Soto de Ribera y Aboño, aunque en este caso hay un ciclo que aún no cuenta con las actualizaciones medioambientales necesarias para seguir más allá de 2020.

En el caso de la minería del carbón, el Gobierno llegó el año pasado a un acuerdo que aplacó en cierta forma la tensión en las zonas mineras más afectadas por la liquidación de esa actividad, mientras que aún queda por definir el futuro concreto de la hullera pública Hunosa, a la que Sánchez prometió colocar a la vanguardia de una transición energética «justa y dialogada», pero cuyo futuro aún no se ha definido, más allá del cierre de los pozos Carrio y Santiago y el mantenimiento, de momento, del Nicolasa para suministrar carbón a la central térmica de La Pereda.

Fin de las emisiones en 2050

El plan prevé que el 42% de la energía total consumida en España en 2030 -y el 74% de la luz- procederá de renovables. Supone duplicar la que se alcanzará el próximo año -un 20%-, una cifra más ambiciosa que la ideada por el Gobierno hasta ahora (un 35%) y la de la UE (32%), mientras que fija en 2050 la descarbonización total.

Además, el programa contempla oportunidades de negocio que superan los 200.000 millones de euros en la próxima década, de los cuales 47.000 millones corresponderán a inversión pública estatal, autonómica, local y europea.

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