Los sindicatos «rechazan de plano» los servicios mínimos de la huelga siderúrgica

Los sindicatos «rechazan de plano» los servicios mínimos de la huelga siderúrgica

Consideran que se están fijando bajo parámetros «obsoletos» e instan a la empresa a negociar otros que recojan la realidad

N. A. ERAUSQUIN GIJÓN.

No hubo acuerdo el martes y tampoco ayer. Los sindicatos continúan con su convocatoria de dos jornadas de huelga en Arcelor para la próxima semana por el bloqueo del acuerdo marco, el documento que rige las relaciones laborales en el seno de la multinacional en España. Si en la reunión de hace dos días en Echévarri la compañía no se movió de sus pretensiones, ayer tampoco lo hizo en la que tuvo lugar en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), por lo que los paros siguen adelante. Y, casi a la vez, se abre un nuevo frente, en este caso por el retén que tendrá que quedarse en las plantas.

En un comunicado conjunto, todas las centrales con representación en los tres comités de las factorías de la región (UGT, CC OO, USO, CSI y Aciaa) rechazan «de plano» los servicios mínimos propuestos, ya que consideran que se están fijando bajo parámetros «obsoletos». Como ejemplo, se tiene en cuenta la estructura de 2005, con las baterías de cok de Gijón funcionando, o con las de Avilés a pleno rendimiento.

Ante este panorama, los representantes de los trabajadores instan a la compañía a negociar unos nuevos, «que recojan la realidad actual», y de no hacerlo amenazan con «acciones legales». La empresa les ha trasladado, sin embargo, que no dará tiempo.

Los sindicatos aspiran a paralizar la producción en las plantas. El martes 23 pararán en Avilés prácticamente todas las instalaciones menos las baterías de cok, mientras que en Gijón lo harán chapa, carril y alambrón y seguirá funcionando la acería, que sí parará el día 27. Los hornos altos reducirán su actividad por debajo del 70%.

Este conflicto surge por la negociación del acuerdo marco, en el que Arcelor ofrece una subida salarial del 0,4%, frente al 4% que piden los sindicatos; propone una vigencia de solo un año y ningún avance sobre el ámbito de aplicación, las jubilaciones parciales o el seguro colectivo.