Los trabajadores de Alcoa piden la intervención de Pedro Sánchez para frenar los cierres

Barbón, a la derecha, conversa con Zapico en su reunión en la FSA. / PABLO LORENZANA
Barbón, a la derecha, conversa con Zapico en su reunión en la FSA. / PABLO LORENZANA

Barbón considera «poco afortunadas» las palabras de Magdalena Valerio para rechazar la intervención de Alcoa por el Gobierno

S. S. FERRERÍA / E. FANJUL OVIEDO.

Los trabajadores de Alcoa creen que las ministras de Trabajo, Industria y Transición Ecológica no están poniendo toda la carne en el asador para tratar de frenar el ERE presentado por Alcoa. Las declaraciones del pasado domingo de la titular de Trabajo, Magdalena Valerio, que descarta intervenir Alcoa -como demandan los sindicatos- porque «no estamos en un régimen comunista» no han hecho más que saltar las alarmas en el comité de empresa, ve «muchas palabras y cero hechos» en el Ejecutivo central. Por ello, han solicitado a Pedro Sánchez que tome las riendas de las acciones que lleve a cabo el Gobierno para frenar los cierres de las plantas de Avilés y La Coruña.

En una carta remitida ayer a la Moncloa, el comité de empresa de Alcoa Avilés expone a Pedro Sánchez como la multinacional estadounidense «se niega a buscar un plan de viabilidad» para las plantas «y solo contempla negociar los despidos y el cese de la actividad». Recuerdan los representantes de los trabajadores que su posición es que Alcoa retire el expediente de extinción que ha presentado «manteniendo con ello el proceso productivo y el empleo». Por ello, piden al presidente del Gobierno que «intervenga en esta problemática» a la vez que le solicitan una reunión «para trasladarle nuestra situación de manera personal».

Esta carta ha sido enviado a la Moncloa un día después de que Magdalena Valerio negara intervenir Alcoa «porque España no es un régimen comunista». Unas declaraciones que han sido criticadas por los sindicatos, quienes consideran que con ellas «se da oxígeno a Alcoa y se ponen otro obstáculo más a los trabajadores» de las plantas que la multinacional quiere cerrar.

Ayer fue el turno de Adrián Barbón, secretario general de la FSA y candidato socialista a la presidencia del Principado, quien mostró su malestar por las palabras de Valerio. «No fueron muy afortunadas», dijo.

No obstante, el líder de los socialistas asturianos excusó a continuación a la ministra, quien «quizás lo que quiso decir es que no veía la nacionalización como una solución aplicable porque podría generar que otras empresas entraran en una situación similar». Aún así, puntualizó, «espero que ella misma se dé cuenta de que las declaraciones no fueron afortunadas».

Barbón, tras una reunión mantenida con el secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico, recordó que «hay soluciones distintas a la nacionalización» que se pueden aplicar «más rápido, como forzar una venta que garantice el empleo».

«Interés general»

Zapico también se hizo eco de las declaraciones de la ministra. Para el líder sindical no es el momento de «descartar» ningún escenario, y menos cuando la Constitución establece que la riqueza de un país tiene que estar supeditada al interés general, y en el caso del aluminio, «una materia prima estratégica», o «un sector estratégico como es la electricidad, cabe la nacionalización o el control público», explicó.

El dirigente de CC OO insistió en que su organización no excluye ninguna posibilidad «que dé solución al futuro de los trabajadores para seguir fabricando aluminio de primera calidad a nivel mundial en Avilés».

José Manuel Zapico recordó que Repsol fue pública, igual que Telefónica y otras empresas eléctricas. «En Avilés había empresas públicas que generaban aluminio, con lo cual me parece una declaración fuera de lugar que no aporta nada». «Esperemos que haya sido producto de los efectos del directo en un pasillo», concluyó.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín manifestó que «hay que explorar todas las posibilidades que, dentro de nuestro marco jurídico, se puedan aplicar, incluida una posible intervención de la empresa en caso de una negativa radical de la empresa a que continúe la actividad».

Por su parte, Unidos Podemos -la coalición en el Congreso entre Podemos e IU- pide la comparecencia urgente en las Cortes de las ministras de Industria y de Empleo, Reyes Maroto y Magdalena Valerio, respectivamente, para que informen de las medidas que tienen previsto adoptar con vistas a asegurar los puestos de trabajo y el futuro de las factorías de Alcoa en Avilés y La Coruña, tras la confirmación por parte de la empresa de que no paralizará el ERE extintivo que ha presentado la multinacional estadounidense.

El diputado asturiano de la coalición Segundo González manifestó ayer que «aprovecharemos la comparecencia para explicarle a la ministra Magdalena Valerio las experiencias de otros países mediante las cuales, a través de la intervención del Estado, se consiguió evitar el cierre de empresas similares a Alcoa, como fue el caso de Arcelor en Francia o, hace poco, el caso de Portovesme, en Italia, con una planta que anteriormente pertenecía a Alcoa».

González añadió que «se las explicaremos, ya que parece que no las conoce, por las declaraciones que dio ayer (por el domingo). No hace falta ser un régimen comunista para que el Estado tenga un papel en el mantenimiento de la industria. Precisamente eso es lo que ha faltado en este país en los últimos años, y las consecuencias de esa falta de política industrial las estamos sufriendo actualmente».

 

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