Más de la mitad de los parados de Asturias son mayores de 45 años

Un hombre consulta las ofertas de empleo en una oficina del antiguo Inem./J. C. Román
Un hombre consulta las ofertas de empleo en una oficina del antiguo Inem. / J. C. Román

Un informe de la UGT Asturias constata que el colectivo de mujeres de más de 45 años es el único en el que crece el paro en los seis primeros meses del año

EUROPA PRESS

El informe 'Indicadores laborales de Asturias. Primer semestre 2019' elaborado por UGT Asturias señala que el 51% de los parados en el Principado son mayores de 45 años. «Este colectivo se enfrenta a mayores problemas de inserción laboral a la vez que en la mayoría de los casos cuenta con responsabilidades familiares, lo que hace la situación aún más dramática», señala la organización.

En el informe, UGT manifiesta su preocupación hacia el colectivo de mayores de 45 años, ya que el paro se reduce menos intensamente. Las mujeres mayores de 45 años es el único colectivo donde se incrementa el paro, concretamente un 1,3%, en los seis primeros meses del año.

Asturias presenta la tasa de actividad más baja del país, un 50,7%, lo que supone 7,8 puntos porcentuales por debajo de la media nacional, y la menor tasa de empleo (43,3%), que está 6,8 puntos por debajo de la media.

El sindicato alerta de la negativa situación de los parados de larga duración, de manera que el 54% de los desmpleados lleva más de un año en el paro. El 43% del total de parados lleva dos año o más en desempleo. UGT considera fundamental reforzar la protección a las personas para evitar pobreza y exclusión social. Por otro lado, la organización lamenta la temporalidad que existe en el mercado laboral.

A nivel más general, UGT concluye que el mercado laboral asturiano «ha perdido pulso en la primera parte de 2019 y los indicadores muestran »un deterioro no solo en términos cuantitativos sino también cualitativos«.

Además, UGT reclama una política industrial que, entre otros aspectos, contemple la implantación de un arancel medioambiental a nivel europeo para proteger la industria de la competencia «desleal» de otros países con normativas medioambientales más laxas, así como la aprobación del estatuto del consumidores electrointensivo que garantice un marco energético estable y unos precios de la electricidad competitivos.