El Principado y los sindicatos dan un ultimátum a Alcoa para que retire el ERE de inmediato

El Principado y los sindicatos dan un ultimátum a Alcoa para que retire el ERE de inmediato
El consejero de Industria, Isaac Pola, y el director general de Trabajo, Antonio González, con los representantes sindicales de Alcoa. / Á. PIÑA

Reclamarán «medidas contundentes» al Gobierno central si la multinacional no acude a la mesa de trabajo convocada hoy en Madrid

PALOMA LAMADRID GIJÓN.

La reunión que se celebrará hoy en Madrid para abordar la problemática de las plantas de Alcoa de Avilés y La Coruña será «una cuestión determinante», tal y como aseguró ayer el consejero de Industria, Isaac Pola. El punto de inflexión lo marcará la presencia o ausencia de la multinacional en dicho encuentro, al que acudirán representantes del Gobierno central, del Principado y la Xunta de Galicia y de los ayuntamientos afectados con el objetivo de buscar alternativas al cierre. Precisamente, Pola y el director general de Trabajo, Antonio González, se reunieron ayer con los representantes sindicales de Alcoa para trazar la estrategia a seguir en el encuentro de hoy.

De modo que el nuevo plantón que plantea Alcoa supondrá que Principado y sindicatos reclamarán al Gobierno central «medidas contundentes» contra Alcoa. «Las recientes resoluciones, tanto a nivel europeo como estatal, de los órganos competentes en materia laboral parecen apuntar a que Alcoa debería reconsiderar su posición y su planteamiento», señaló el consejero de Industria, quien exigió a la empresa que, en primer lugar, retire el expediente de regulación de empleo (ERE) o alternativamente prorrogue el plazo establecido para llevar a cabo una «negociación sosegada». El siguiente paso, a juicio del Principado y los sindicatos, sería «analizar todas las posibilidades». Para lo que debe mantener su actividad y luego estudiar las opciones que están sobre la mesa «hasta, en su caso, negociar una posible venta a un operador». Todo ello para lograr el fin último, según Pola, de mantener la actividad industrial y el empleo. Pero ese proceso implica una negociación y, según pudo saber este periódico, la empresa volverá a dar plantó a las administraciones.

El comité de empresa presenta alegaciones ante Trabajo para paralizar el expediente

«Alcoa está centrada en la mesa con los representantes de sus trabajadores», señalaron fuentes de la aluminera, que ha convocado una nueva reunión con los comités de empresa de Avilés y La Coruña mañana, aun a sabiendas de que los sindicatos se niegan a negociar el ERE. «Es una síntoma de la catadura moral de los directivos; su presidente en España, Rubén Bartolomé, no merece que le llamen asturiano», señaló el secretario general de CC OO de Industria de Asturias, Damián Manzano. Asimismo, el representante sindical reclamó a la compañía estadounidense el cumplimiento de la resolución emitida por la Dirección General de Trabajo, en la que acusaba a Alcoa de no haber actuado «de buena fe» y la instaba a «abrir un periodo de diálogo fuera de los cortos límites temporales que establece la legislación vigente».

«Ante la ausencia de Alcoa, esperamos una declaración de todos los agentes implicados seria y contundente», subrayó Manzano. En términos similares se pronunció el vicepresidente del comité de empresa, Daniel Cuartas. «Entendemos que si Alcoa no va a la reunión, el Gobierno debería adoptar medidas contundentes contra la compañía», apuntó el portavoz de UGT, quien reclamó la retirada del ERE o la ampliación del plazo para encontrar la viabilidad de la empresa, bien en manos de Alcoa o de un comprador. Por su parte, Juanjo Estrada, coordinador de la gestora de USO-Asturias, puso de manifiesto «la buena sintonía» entre el Principado y los sindicatos, que hacen frente común ante las fatales intenciones de la aluminera.

Por otro lado, el comité de empresa presentó un escrito de alegaciones ante la Dirección General de Trabajo para intentar paralizar el ERE por «la flagrante situación de indefensión» que sufren los trabajadores. Así que pidió al organismo estatal que haga prevalecer el principio de seguridad jurídica y adopte medidas cautelares.

 

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