La Unión Europea prevé tener un texto definitivo sobre el arancel a final de año

El Pacto Verde ('Green Deal') se ha vendido como el gran eje transversal de cualquier política que desarrolle la Comisión Europea en los próximos años. En esa estrategia, uno de los temas que mayores quebraderos de cabeza les está dando a los representantes comunitarios es la regulación del mercado de emisiones de CO2 y la aprobación del arancel ambiental. Es la apuesta de Ursula von der Leyen, pero los equilibrios de poder para sacar adelante su propuesta legislativa han obligado a ahondar en diferentes alternativas. Una reforma que, para enturbiar más las cosas, se produce en mitad de las negociaciones para sacar adelante el presupuesto 2021-2027.

La intención clara es introducir un arancel al CO2 para limitar las importaciones, cuyo desarrollo se encuentra actualmente en fase de análisis. Esta vía tiene dos escollos: la compatibilidad con lo dispuesto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la necesidad de ser aprobada por unanimidad por todos los países miembros. El primer punto es clave, puesto que los países que se vieran damnificados tendrían la capacidad de presentar quejas ante la OMC por una medida que consideran proteccionista. De momento, avanza su curso, con intención de someter el documento a consulta pública en primavera y tener un texto definitivo a finales de año. Si este plan hiciera aguas, ya se baraja la posibilidad de fijar un recargo en las tasas aduaneras. Dado que no iría por la vía impositiva directamente, podría ser aprobado por una mayoría del Consejo de la Unión Europea, el que reúne a los presidentes de cada país.

Por último, la reforma del mercado de los derechos de emisión apunta a la inclusión de sectores que, hoy en día, no forman parte del mismo, como el aéreo. Y aquí entrarían a revisarse los acuerdos comerciales con terceros países en la compra de derechos de emisión.