Una veintena de empresas asturianas, pendientes de los derechos de emisión

Una veintena de empresas asturianas necesitan derechos de emisión de CO2, lo que significa que en su actividad no pueden liberar más de un determinado límite de gases de efecto invernadero o, en caso contrario, deben acudir al mercado a comprar nuevos permisos. De no hacerlo, se les imponen altas sanciones. Estas compañías, con casi una treintena de instalaciones en la región, forman parte de las más de 10.000 repartidas por todo el continente sometidas a este sistema diseñado por la UE. En Asturias, las más penalizadas por este mecanismo son las que más emisiones producen: las térmicas -sobre todo la de Aboño, de EdP, que es la que más generación tiene- y las plantas de Arcelor. Pero hay muchas otras y de diversos sectores, como Cementos de Tudela Veguín, Química del Nalón, DuPont, Industrias Doy, Alcoa, Fertiberia, Saint-Gobain, Asturiana de Zinc o las alimentarias CAPSA e ILAS. En el sistema aparece, incluso, la planta de cogeneración del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias, con derechos gratuitos asignados, pero sin actividad ni emisiones ya, o la regasificadora de Enagás en Gijón, construida, pero que nunca ha llegado a funcionar.

El mercado de derechos de emisión contempla un límite total máximo de determinados gases de efecto invernadero que pueden emitir las instalaciones, un tope que se va reduciendo a lo largo del tiempo para incentivar que la contaminación vaya menguando, que se invierta en tecnologías con las que ganar eficiencia y que se reduzcan las emisiones. Ese techo, en un juego de oferta y demanda, implica también que los derechos se adquieran a un precio que fluctúa. Las empresas cuentan con algunos gratuitos, pero también los compran y venden en función de sus necesidades. Pueden ponerlos en el mercado si les sobran o adquirirlos si los necesitan.

El problema es que en el último año ese precio del CO2 se ha disparado desde los 6,8 euros de media al que cotizó en septiembre de 2017 a los más de 20 actuales, y esto repercute en los costes de las empresas doblemente: de forma indirecta por el encarecimiento de la luz y directa si tienen que comprar emisiones.

Por un lado, esta subida del precio del CO2 eleva el coste de la generación mediante térmicas de carbón o ciclos combinados -las eléctricas, además, no tienen derechos de emisión gratuitos- y, a su vez, esto sube el precio de la luz que pagan compañías y consumidores. De hecho, es uno de los factores que están encareciendo la electricidad.

En Alcoa, solo la electricidad supone el 40% de sus costes. De hecho, la compañía reconoce que este incremento de los precios ya está afectando «significativamente a su competitividad». Asturiana de Zinc, por su parte, insiste en la necesidad de «un precio de la electricidad competitivo, estable y predecible». Las compañías que producen más emisiones que los derechos gratuitos que tienen asignados se ven obligadas a recurrir a ese mercado desbocado de la contaminación. Como ejemplo, las plantas asturianas de Arcelor necesitan 1,76 toneladas de CO2 por cada una de acero. Sin contar los derechos gratuitos que tienen asignados, el coste de cada tonelada de su producción se encarecería en 38,5 euros al precio actual -la cotización cerró el viernes a 21,9 euros-, una cantidad que sus competidores rusos, turcos o indios no tienen que asumir ni repercutir en sus ofertas. Hace un año por cada tonelada de acero solo tendría que pagar 12. En este tiempo se han multiplicado por tres y con ello reducido su competitividad.

En China, sin embargo, la emisión media es de 2,1 toneladas de CO2 por cada una de acero, por lo que si tuvieran que someterse a este sistema deberían pagar casi 46 euros. Ahora se los ahorran. Esta situación es «insostenible», apuntan fuentes de Arcelor, que creen que esto va a ir a peor.

Entre los pronósticos más agoreros hay advertencias de deslocalizaciones masivas de plantas en Europa o, en la siderurgia, de que los hornos altos dejen de ser competitivos y se acabe importando la palanquilla de China u otros países ajenos a este mercado para únicamente transformarla en el viejo continente. La patronal del acero Eurofer ha llegado incluso a hablar del fin de esta industria si no se penaliza de alguna forma a la producción foránea que no tiene que pasar por ese mercado de emisiones que hoy solo opera en los 28 más Islandia, Liechtenstein y Noruega.

El director de Arcelor en España, Jesús Izcue, insiste en que la compañía no está en contra de reducir la contaminación, pero pide igualdad de oportunidades para competir, y que más que intentar reducir las emisiones de lo que se produce en Europa, se busque que bajen en lo que se consume. En caso contrario, advierte de que se exportarán puestos de trabajo y se importarán emisiones sin ningún efecto positivo para el planeta.