Las dos velocidades del carbón

Torres de refrigeración de la central térmica alimentada por carbón ubicada en Gelsenkirchen (Alemania). / AP
Torres de refrigeración de la central térmica alimentada por carbón ubicada en Gelsenkirchen (Alemania). / AP

El Marco 'Energía y Clima' fija metas más ambiciosas que en otros países europeos | Alemania aplaza a 2038 el fin de su uso como combustible, mientras que España acelera la transición sin un tejido económico alternativo

LYDIA IS

En 2010, la Unión Europea aprobó una normativa que prohibía continuar con las ayudas a la minería no competitiva y fijó para el 31 de diciembre de 2018 el cierre de las explotaciones, lo que inició la cuenta atrás para 26 minas en España. En la actualidad, el carbón representa una cuarta parte de toda la producción de electricidad europea.

También a nivel comunitario, el denominado Acuerdo de París de diciembre de 2015 estableció el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los dos grados centígrados y determinó que, en 2030, el 27% de la energía final deberá generarse con fuentes renovables, una decisión que ha provocado que los Estados miembros tengan que acelerar los procesos de transición.

En España, el Consejo de Ministros aprobó el viernes el Marco 'Energía y Clima', que establece para 2050 la descarbonización total y prevé que el 42% de la energía total consumida en España en 2030 -y el 74% de la luz- procederá de renovables.

El plan fija los objetivos para las próximas décadas en materia de sostenibilidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizó que las comarcas afectadas por el cierre de las térmicas y las nucleares, cuyo desmantelamiento estaría previsto desde 2020 hasta 2035, tendrán apoyos económicos. También habló de un «impacto cero sobre el empleo y la población» y avanzó que se implantarán «convenios de transición» en materia económica y de empleo; se facilitará el acceso a la financiación a nuevos proyectos con ayudas europeas, y se habilitarán «incentivos fiscales».

Asimismo, los cálculos del Ministerio de Transición Ecológica contemplan que se generen unos 300.000 nuevos empleos en la próxima década, fundamentalmente ligados a los servicios, la industria y la construcción. Pero, ¿cómo se ha afrontado este proceso en otros territorios europeos?

Organizaciones como Carbunión (Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón) o Euracom (Asociación de Comarcas Mineras Europeas) critican que otros gobiernos han mirado por sus intereses para propiciar una transición justa, mientras que España ha apostado por obedecer e incluso adelantarse a la normativa comunitaria sin tener planificado un tejido económico alternativo.

Alemania cerró a finales de diciembre su última mina de interior en la cuenca del Ruhr, pero seguirá explotando lignito a cielo abierto. Recientemente, una comisión designada por el Gobierno germano ha puesto 2038 como fecha para eliminar el carbón, que ahora sirve para producir el 37% de su electricidad, lo que supone que continuará con la actividad dos décadas más. De los doce estados miembros que extraen este combustible fósil, es el principal consumidor. Produce un 44,6% del total de la Unión Europea y tiene en su territorio siete de las diez térmicas más contaminantes.

La principal diferencia con España radica en el tipo de carbón. Aquí la antracita y la hulla -en 2017 se produjeron 2,8 millones de toneladas-, son las clases más abundantes y se encuentran en minas interiores, que tuvieron que acogerse al plan de cierre. En Alemania -que extrajo en 2017 algo más de 171 millones de toneladas-, es lignito pardo, considerado de peor calidad y más contaminante. La inversión paralela en proyectos de captura de CO2 es el principal argumento que defiende el Ejecutivo germano para compensar los datos sobre contaminación.

17% menos de carbón

A la espera de conocer las cifras de 2018, la Asociación Europea para el Carbón y el Lignito refleja en sus informes que la extracción global del mineral se redujo un 17,29% entre 2012 y 2017, pasando de 561 a 464 millones de toneladas. Reino Unido es el país que más ha acelerado su descarbonización, al reducir la actividad extractiva un 82,1%. No tiene minas de interior desde 2015 y produce unos tres millones de toneladas al año.

En cambio, en Polonia apenas ha habido variación en la explotación de hulla y antracita. En 2017 fueron 65,5 millones de toneladas, solo un 16,1% menos que en 2012, y mantendrá sus explotaciones con el argumento de que el 80% de la energía que produce proviene de la quema de carbón en las centrales térmicas. En España hay abiertas catorce -Lada, Aboño, Soto de Ribera y Soto de la Barca en Asturias-, que emiten alrededor del 14% de todos los gases de efecto invernadero del país y que generan el 17% de la electricidad. Nueve cerrarán en 2020 con la aplicación de las normas europeas sobre emisiones contaminantes. Iberdrola ya ha pedido el permiso de cierre para la de Lada y Naturgy para la de Soto de la Barca, mientras que queda por despejar que hará EdP con uno de los grupos de Aboño, ya que el otro seguirá funcionando, al igual que la central de Soto de Ribera.

Por otro lado, uno de los elementos primordiales para la descarbonización de la economía es la introducción de energías renovables. España es el sexto país dentro de la Unión Europea en volumen de emisiones de gases de efecto invernadero y con cinco gigavatios (GW) es el cuarto mercado fotovoltaico, aún muy por detrás de Alemania (42,4 GW), Italia (19,6 GW) y Reino Unido (12,8 GW).

Transporte descarbonizado

Otra de las diferencias se aprecia en la apuesta por el automóvil eléctrico. El Gobierno español fija 2040 como fecha para prohibir la circulación de vehículos diésel. En las Islas Baleares el proyecto es más ambicioso y se han propuesto que sea a partir de 2025. Anfac, la patronal que agrupa a los fabricantes de vehículos, advierte de que el resto de países que proponen limitaciones a los coches de diésel y gasolina las acompañan de ayudas para la compra de vehículos eléctricos. Es el caso de Reino Unido, Francia, Holanda, Dinamarca, Alemania y Noruega.

En España, el Consejo de Ministros aprobó en diciembre un Real Decreto para aumentar hasta los 480 millones de euros el presupuesto del Programa Operativo Feder Plurirregional para la promoción de una economía baja en carbono, que regula la concesión de ayudas para impulsar proyectos de eficiencia energética, la movilidad sostenible o el uso de energías renovables en entidades locales con poblaciones inferiores a 20.000 habitantes, pero tiene pendiente la puesta en marcha del Plan VEA para subvencionar la compra de vehículos eléctricos y alternativos.