Una iniciativa contraria a sus propios objetivos

La Consejería de Servicios y Derechos Sociales acaba de presentar una iniciativa para incentivar el alquiler de 82.000 viviendas que ahora están vacías. Se trata de un contrato de alquiler que, a cambio de un precio fijado por la administración, garantiza al propietario el cobro de hasta un año de renta en caso de impago. Incluso, se le garantiza el pago del arreglo de todos los eventuales desperfectos.

Llama la atención que una administración que ha tenido déficit en sus cuentas durante los últimos ocho años (gastos mayores que ingresos) proponga un nuevo gasto. Más aún cuando es la misma que pocas semanas atrás protestó ante el gobierno central por la imposibilidad de reducir más ese desequilibrio.

Si, por cualquier motivo, el gobierno asturiano encontró nuevos recursos, lo razonable sería aplicarlos a reducir el déficit fiscal. Si aún eliminando el déficit sobraran recursos, lo prudente sería aplicarlos a reducir la deuda pública asturiana (multiplicada por los déficits de los últimos años). Y si todavía quedara un remanente, lo aconsejable, ya que se trata de la autonomía que menos creció en los últimos 15 años, sería reducir impuestos para fomentar la actividad económica.

Cuando un bien se hace más escaso, un mercado libre lo refleja con un aumento del precio. No es el caso de la vivienda en Asturias, cuyo alquiler medio, en los últimos 5 años aumentó apenas 1,3% (menos que el IPC asturiano, que subió 2,1%). En los últimos 12 meses, el precio medio del alquiler en Asturias cayó 0,5%.

La Sra. Consejera justifica la iniciativa en tres objetivos: limitar el precio del alquiler, dar garantías a los propietarios y ser capaces de llegar a todo el territorio. Paradójicamente, la iniciativa es contraria a los dos objetivos mencionados en primer lugar. Veamos por qué.

El precio de cualquier producto no surge del capricho de nadie, sino que, en condiciones de competencia (como es el caso de los alquileres), refleja la libre interacción entre la oferta y la demanda. En Asturias, esa interacción está provocando una caída en el precio de los alquileres, aunque, por lo que parece, no del gusto de la Sra. Consejera. Siempre que se fijaron precios máximos (inferiores a los precios de mercado) solo se consiguió una mayor escasez y la aparición de un mercado negro. Pasa ahora en Venezuela con productos esenciales y pasó en Argentina y en todos los sitios donde se intentó el experimento. La Sra. Consejera parece desconocer esta experiencia.

El problema del acceso a la vivienda no se arregla limitando su precio, sino aumentando las oportunidades laborales. Aunque hubiera propietarios dispuestos a alquilar su propiedad al precio fijado por la administración, es difícil que un parado o alguien que tema que su contrato laboral no sea renovado se comprometan a pagar un alquiler. Por bajo que sea.

Se habla de dar garantías a los propietarios pero el programa parte de restringir el derecho del propietario de fijar el precio que estime oportuno para alquilar su propiedad (si la alquila o no, será problema del propietario). Además, esta iniciativa supone una competencia desleal para las empresas privadas que, precisamente, ofrecen un seguro de cobro del alquiler. La Sra. Consejera parece no haber escuchado la radio últimamente.

Un principio elemental de cualquier gobierno debería ser que intentara no empeorar los problemas que se propone resolver. Esta iniciativa, como mínimo, dificultará que los precios de los alquileres continúen bajando. Como máximo, supondrá el despilfarro de decenas de millones de euros. Dejo a un lado las oportunidades de trapicheos a que daría lugar. Creo que sería bueno que el gobierno asturiano hiciera de cuenta que esta idea nunca existió y que todos la olvidemos.