Borrar
Cartel de «se alquila» en una vivienda reuters
Los economistas llaman a invertir en vivienda social y a no controlar los precios

Los economistas llaman a invertir en vivienda social y a no controlar los precios

El Consejo General de Economistas anima a ampliar el parque público en alquiler y a desarrollar un sistema de subsidios personalizados para el pago de las rentas en el mercado privado

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Lunes, 23 de noviembre 2020, 13:47

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

El PSOE y Unidas Podemos han acordado que la próxima ley de vivienda que verá la luz en tres meses incluya mecanismos para controlar el precio de los alquileres. Ésta es una política que no es vista con buenos ojos por parte del Consejo General de Economistas, que ha expuesto este lunes que «no hay soluciones mágicas ni simples al problema de accesibilidad de la vivienda»: «Los efectos indirectos negativos de las políticas de vivienda 'mágicas', que por otra parte se han demostrado ineficaces en otros sitios, pueden ser muy importantes en especial en un mercado del alquiler como el español que comenzaba a normalizarse tras décadas de incentivos fiscales a la compra de vivienda y la venta de vivienda de protección oficial, y del control de alquileres vigente hasta 1994», exponen.

A juicio de José García-Montalvo, catedrático de Economía Aplicada, sólo está justificado establecer controles de precios en situaciones de monopolio u oligopolio con pocos oferentes, o cuando haya problemas de información asimétrica. A juicio de este economista, en el mercado inmobiliario español no se incurre en ninguno de esos dos problemas.

Este experto también se ha referido a los que considera efectos secundarios del establecimiento de controles a los precios del alquiler: se suele producir el traspaso de la viviendas al mercado de compraventa, se reduce la oferta de casas en alquiler, y ello ocasiona la presión sobre los alquileres. Además, las beneficiarias de estos controles de precios, ha afirmado, no necesariamente son las rentas bajas. Y, como otra consecuencia de estas medidas, también ha señalado que se suele reducir la inversión en mantenimiento de los edificios y de los pisos.

De acuerdo con el Consejo General de Economistas, «el control de los precios de los alquileres está demostrado que comporta que los propietarios (particulares y empresas) se retraigan a la hora de ofertar sus viviendas, reduciéndose por tanto el mercado y las inversiones». Los economistas se apoyan en que en Berlín la regulación de los precios ha reducido la oferta en alquiler en un 25%. Y en Cataluña, donde rige una medida similar, se han paralizado los nuevos proyectos de inversión para alquilar y los pequeños propietarios están retirando del mercado sus viviendas.

A juicio de García-Montalvo, en lugar de control de los precios, «hace falta una política consistente y continuada de reforzamiento del alquiler social», con actuaciones como la construcción de vivienda social en alquiler y la colaboración público-privada para el alquiler asequible.

Con el control de precios, afirma García-Montalvo, si bien no se incurre en costes presupuestarios, los efectos se trasladan al sector privado: «No es razonable hacer recaer en los propietarios de vivienda en alquiler los problemas creados por la ineficacia, falta de financiación y coherencia de las políticas públicas», señalan desde el Consejo.

En este sentido, de acuerdo con Joan Ràfols, presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y ex director general de Vivienda de la Generalitat, «la dotación de los presupuestos destinados a los Planes de Vivienda han sido a todas luces insuficientes» y ha instado a las administraciones a que tengan «un papel mucho más activo asignando fondos a la promoción de vivienda asequible, al incremento del parque público de vivienda y a subvenciones personalizadas para las familias que en la actual situación económica están en riesgo de perder su alojamiento«.

El gasto social en vivienda, según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, fue en 2017 de 1.186 millones de euros, es decir, 26 euros por habitante, frente a los 277 euros por habitante que se invierten en Francia, a los 223 euros per cápita de Alemania o a los 435 euros en el Reino Unido.

Para el Consejo General de Economistas, «la inyección de fondos europeos supone una oportunidad para la promoción de vivienda pública asequible en alquiler». Además, instan a desarrollar un «sistema de subsidios personalizados» para el pago de las rentas con objeto de que el parque privado de alquiler pueda alojar a familias con bajos ingresos y a familias en peligro de exclusión. «Es necesaria una aproximación a partir de múltiples instrumentos: ayudas al alquiler, construcción y compra de edificios para destinar a la vivienda en alquiler social o con precio limitado con algún tipo de subsidio público que permita la colaboración público-privada para la construcción de un parque de vivienda asequible», expone el Consejo General de Economistas.

Los economistas también ha aludido a que el instrumento que utilizar el Gobierno para determinar los límites de precios no será fiable: «El reducido tamaño del parque de alquiler y su dispersión espacial y tipológica limitan la fiaibilidad de los índices de precios de alquiler para constituir la base de una política de control de los precios de arrendamiento».

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios