La plasmación legal de un derecho

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El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 incluye nueve programas de ayudas para fomentar el acceso a un techo en propiedad o alquilado a todos los ciudadanos

Octavio Villa
OCTAVIO VILLA

Es un lugar común en muchas conversaciones la crítica a la falta de concreción del derecho constitucional a la vivienda. No hay un sistema perfecto, pero los sucesivos Planes Estatales de Vivienda actúan en esa dirección en la medida en la que los recursos disponibles lo permiten, siempre trabajando a favor de los colectivos menos favorecidos.

El Plan Estatal de Vivienda 2018-2012, recientemente aprobado, cuenta con nueve programas de ayudas a la vivienda que incluyen desde el fomento de la actividad promotora hasta las subvenciones destinadas a trabajar en las situaciones de personas que han sido deshauciadas, pasando por programas de ayudas al alquiler, a la compra, la rehabilitación, la mejora de la eficiencia energética, la urbanización, la seguridad y la accesibilidad. Obviamente, las ayudas son graduales y dependen del nivel de necesidad de los solicitantes, por lo que la cuantía de sus ingresos habituales es determinante a la hora de determinar el porcentaje del total del gasto que las administraciones públicas asumirán en cada caso.

El Ministerio de Fomento tiene especificados en cada uno de dichos programas tanto la descripción del fin al que se aplica cada ayuda, como los posibles beneficiarios y las condiciones que deben de cumplir sus ingresos y los gastos subvencionables, y también los niveles máximos de ayudas en cada caso.

El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es el índice de referencia para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos. Se adoptó en 2004 en sustitución del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y es el indicador que marca el nivel de ayuda económica al que se tiene derecho en cada caso, mayor cuantas menos veces el IPREM ingrese el solicitante. También se tiene en cuenta las situaciones de familias numerosas y, por supuesto, los diversos grados de discapacidad que puedan acreditar los futuros beneficiarios. En algunos casos, como las ayudas al alquiler, las comunidades autónomas pueden determinar diversos niveles de ayuda en determinados ámbitos, teniendo para ello en cuenta diferentes criterios

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PLAN DE AYUDAS A LA VIVIENDA 2018-2021

1. Subsidiación de préstamos convenidos. Se mantienen las ayudas recogicas en planes de vivienda estatales anteriores.

2. Ayudas al alquiler de vivienda. En función de los ingresos, se abona hasta el 40% de la renta mensual y, a los mayores de 65 años, hasta el 50%, hasta 600 euros de renta. El tramo de 601 a 900 puede recibir hasta un 30%, según la comunidad autónoma.

3. Ayudas a personas en situación de deshaucio o lanzamiento de su vivienda habitual. Ayuda de hasta 400 euros al mes a acordar por los servicios sociales competentes, según la renta.

4. Fomento del parque público de vivienda en alquiler. Con límites a los ingresos de los inquilinos y del precio del alquiler, se puede subvencionar hasta con 36.750 euros, con un límite del 50% de la inversión, la compra de cada vivienda.

5. Fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en las viviendas. En unifamiliares, hasta 12.000 euros de ayuda (hasta 24.000 para personas con discapacidad). En edificios, hasta 8.000 euros (16.000 para el grado más severo de discapacidad).

6. Fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de la utilización y de la accesibilidad en viviendas. Hasta el 75% de la inversión para ingresos inferiores a 3 IPREM.

7. Fomento de la regeneración y renovación urbana y rural. En renovación y nueva construcción, hasta 30.000 euros por vivienda. En rehabilitación, hasta 12.000 euros.

8. Ayuda a los jóvenes. Según el nivel de renta, hasta el 50% del alquiler mensual hasta 600 euros y hasta el 30% del tramo de 601 a 900. En compra, hasta 10.800 euros en viviendas de menos de 100.000 euros.

9. Fomento de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad. Hasta 400 euros por metro cuadrado útil, con un límite del 40% de la inversión total.