Asturias acentúa su posición entre las comunidades que aprueban menos leyes

El fenómeno va más allá del último ejercicio. En los últimos tres años completos, de 2020 a 2022, la Junta General aprobó 21 nuevas leyes, la producción más baja del país en ese trienio. La comunidad de Madrid, con 27, es la segunda que menos legislación propia sacó, también con unas elecciones que limitaron la actividad parlamentaria. Cataluña, por contra, es la que más normativa oficializó, con 152 leyes, seguida de Navarra, con 134.

La intensidad legislativa de cada territorio no parece estar determinada (o no exclusivamente) por su vocación de autogobierno, latitud ni tamaño. El País Vasco, con un gobierno nacionalista, sacó adelante pocas más leyes que Asturias (29). Cantabria, con la mitad de población y 10 diputados autonómicos menos, legisló casi el doble (38). Andalucía, con un parón electoral, destaca entre las de mayor hiperactividad regulatoria, con 94 leyes.

La estadística sugiere así que hay una especificidad asturiana, un rasgo distintivo que se está acentuando. En el trienio 2017-2019 el parlamento asturiano validó 39 leyes, es decir, produjo un 85,7% más que en los tres años posteriores. Ese bajón no se explica por la pandemia, en tanto que el comportamiento en el resto del país fue el contrario. Según el informe de la CEOE, entre 2017 y 2019 los parlamentos autonómicos sacaron adelante 833 leyes propias, y en el trieno posterior, pese al parón de la covid, añadieron otras 1.020 a sus boletines oficiales, un 22,4% más. Es decir, la producción ha decaído en Asturias mientras remontaba en el resto del país.

El hecho de tener un Gobierno en minoría tampoco explica la situación. El grupo socialista solo necesitaba pescar tres votos entre la oposición para aprobar sus iniciativas, lo que, con un hemiciclo tan fraccionado, ha permitido jugar a la geometría variable, captando apoyos a izquierda y derecha según el momento.

En total el Ejecutivo remitió a la Junta General 23 proyectos de ley y logró apoyos para 21. Un éxito del 91,3%. No hizo pleno completo por la ley de gestión de emergencias (remitida a la Junta en abril de 2022, pero que quedó por el camino) y la de reto demográfico (registrada en las últimas semanas, como gesto político ante el descenso del millón de habitantes y a sabiendas de que era imposible su tramitación). Los partidos en la oposición por su parte presentaron ocho proposiciones de ley, pero no lograron rematar o captar votos para validar ninguna.

Todo apunta a que las causas hay que buscarlas en la debilidad de la oposición para tomar la iniciativa legislativa y una reducida capacidad del Ejecutivo autonómico para hacer lo propio. Según los planes normativos del Principado, hay 33 leyes que prometía en esta legislatura pero que han quedado para la siguiente. Si se suman las dos aprobadas por iniciativa del Grupo Socialista, en este mandato logró la validación de 23 proyectos legislativos. Es decir, sacó adelante un 41%, menos de la mitad de lo que quería. Hasta aquí el análisis estadísitico y los compromisos lanzados. Cuestión distinta es si Asturias necesita o no más leyes.