«En vista del resultado de las generales, un diputado sería un fracaso»

Ignacio Blanco, con una de las letras de la palabra 'Asturias' con las que los candidatos al Principado posaron para EL COMERCIO. / DANIEL MORA
Ignacio Blanco, con una de las letras de la palabra 'Asturias' con las que los candidatos al Principado posaron para EL COMERCIO. / DANIEL MORA

«Estoy dispuesto a apoyar a quien quiera desalojar a los socialistas, pero no a cualquier precio. Pido que se nos trate con respeto»

ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN.

Con la entrada de su partido en las instituciones, Ignacio Blanco (Gijón, 1971) considera que se está empezando a legitimar un discurso enfrentado al predominante estas últimas décadas, «el de la socialdemocracia y el de que tú te puedes quedar en casa que ya vendrá el Estado a traerte el sueldo». Aspira a entrar en la Junta para bajar impuestos, adelgazar las empresas con participación pública y luchar contra la cooficialidad.

-El último sondeo del CIS les da un diputado.

-El sondeo del CIS está hecho con el mismo método que se usó para las andaluzas y ahí falló más que una escopeta de feria. De hecho, no incluye el recuerdo de voto de las generales, y si cuando teníamos en juego siete diputados conseguimos uno, ahora que hay en juego 45 me extrañaría conseguir entre cero y uno. Sería perder en un mes 70.000 votos. Algo irreal. Como me parece irreal el porcentaje de voto que se le asigna al PP con la crisis interna que tienen.

-Pese a las críticas recibidas, parece que el CIS no ha errado tanto el tiro en las generales.

-Vamos en progresión ascendente y el PP en descendente. El crecimiento de Ciudadanos se está frenando y a corto plazo crecemos más, aunque es cierto que desde cero se crece mucho más. La clave es que no nos movemos, no como Pablo Casado, que antes era cercano a Vox y tras las elecciones nos llama extrema derecha.

-¿Un diputado sería un fracaso?

-Para mí, sí. Con el resultado de las generales, para mí un diputado sería un fracaso.

-¿A cuántos aspira entonces?

-Aspiro a tener grupo parlamentario, como mínimo, tres. Lo óptimo rondaría los siete diputados.

-Apunta muy arriba.

-Puede que sí. Pero si extrapolas de las generales, podríamos estar en torno a cinco.

-Su principal baza en el programa electoral es la rebaja fiscal.

-Votaremos en contra de toda revisión al alza de los impuestos en Asturias. Por cada propuesta de incremento de gasto, vamos a proponer que se elimine otro gasto equivalente o superior. A corto plazo plantearemos la eliminación de los impuestos de Sucesiones y Donaciones y de Patrimonio, que suponen una recaudación conjunta de 120 millones de euros. Creemos que se pueden reducir gastos por un importe similar reduciendo la participación en empresas públicas o revisando el Servicio de Empleo, con más de 100 millones de euros de asignación.

-Sin los ingresos de esos impuestos, ¿sería más difícil mantener unos servicios públicos de calidad?

-Se puede hacer, lo único es fijar prioridades. La discapacidad psíquica en Asturias, por ejemplo, recibe 9 millones al año y en Guipúzcoa recibe 20. El salario social es mucho más alto ahora que en 2015. Los recursos públicos deben ir a las personas que, por diversos motivos, no cuentan con las condiciones para ganarse la vida. Después, el salario social es muy mejorable, así que establecería otro sistema: los beneficiarios tienen que estar en búsqueda activa de empleo y no se debe pagar en transferencia, sino que se daría un bono para gastarlo en establecimientos concretos.

-Como se hace en Gijón.

-La renta social de Gijón es distinta a lo que planteamos. Yo establecería un sistema más completo para no poder revender lo que compras, como ya ocurrió en esta ciudad.

-Se hablaba de casos aislados.

-Sí, aunque no lo sabemos del todo, ya que la Policía te dice que Servicios Sociales no se pone en contacto con ellos para saber si una persona está en situación crítica o no. Los servicios sociales no están comunicados entre ellos y eso no es justo, ya que se están cobrando ayudas simultáneas. También los beneficiarios tienen que contribuir a la comunidad, con acciones a las que no lleguen los servicios sociales, ya sea a través de las asociaciones de vecinos, cuidando a personas mayores...

-¿Tratan de entrar en la Junta General para acabar con ella?

-Sí. Nosotros queremos un Estado más pequeño, centralizado y con más funciones para hacernos iguales al resto de regiones. Extremeños y asturianos estamos pagando impuestos para infraestructuras del País Vasco o Cataluña. Educación, sanidad y justicia deben volver al Estado, con un solo Parlamento.

-Hablemos de pactos. Recientemente afirmó que reniega de la fórmula andaluza, ya que a su juicio se menospreció a los votantes de Vox.

-Estoy de acuerdo en haber desalojado al socialismo de allí, pero no en cómo se hizo. Como la experiencia nos permite ver las cosas desde otro punto de vista, estoy dispuesto a apoyar a quien quiera desalojar a los socialistas aquí, que llevan gobernando en Asturias 30 años. Pero no a cualquier precio. Solo pido que se trate con respeto lo que representamos.

-Su oposición a la oficialidad del asturiano es manifiesta. ¿Qué les diría a los ciudadanos que consideran que el abandono del asturiano supondría una pérdida cultural?

-De qué asturiano, ¿del normalizado o del que se habla en los pueblos?

-Eso debería preguntárselo a ellos.

-El asturiano normalizado no es ninguna pérdida. Lo que sería una pérdida es que dejasen de existir las aulas que hay en los pueblos. El idioma evoluciona y la oficialidad significaría un gasto de 70 millones al año que no serían necesarios. Los jóvenes están marchándose de Asturias y yo me pregunto, ¿qué les aporta el asturiano? Todo por el capricho de unos pocos, que han inventado un idioma y pretenden imponerlo. No tiene sentido. Si mi carrera política se limitara a impedir que los niños asturianos tuviesen que aprender algo que no les va a servir de nada en su futuro, yo ya habría cumplido mis aspiraciones.

-Hablan de chiringuitos en la lucha contra la violencia machista. ¿Los hay en Asturias?

-El Instituto de la Mujer en Asturias tiene una asignación presupuestaria de cinco millones. Y las ratios de ayuda directa supongo que serán similares al del instituto andaluz, que no llegan ni al 10% de los recursos que recibe. Hay un negocio en torno a la defensa de la mujer que al final acaba sin darle apoyo para nada.

-¿Pedirán los nombres de los trabajadores en estas entidades públicas como ya lo hicieron en Andalucía?

-No tengo ninguna duda de que muchos de los trabajadores que están ahí tienen vinculaciones políticas. Yo quiero saber la cualificación que tienen y ver si de verdad pueden prestar esos servicios.

-¿Pero pedirán esos nombres?

-En cada comunidad tomaremos decisiones distintas. Queremos hacer una auditoría y ver a dónde van los recursos.

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