La plataforma allerana amenaza con acudir a los tribunales para frenar la línea Sama-Velilla

Sus 62 colectivos preparan ya las alegaciones al proyecto en colaboración con los responsables políticos del concejo La Diputación de León canalizará los alegatos de los 13 ayuntamientos afectados por el trazado propuesto por REE

D. DE MIGUEL
IMPACTO. Uno de los pueblos del concejo de Aller afectados por la construcción del futuro corredor eléctrico Sama-Velilla. / CITOULA/
IMPACTO. Uno de los pueblos del concejo de Aller afectados por la construcción del futuro corredor eléctrico Sama-Velilla. / CITOULA

«¿De qué nos servirán las alegaciones si Red Eléctrica ha elaborado un estudio ambiental sobre trazados predefinidos?». La presidenta de la plataforma allerana contra la línea Sama-Velilla, Marisol Rodríguez Bigotes, confirmó ayer la intención del colectivo que preside, que ya reúne a 62 organizaciones, de agotar la vía «administrativa y judicial» para tratar de frenar el proyecto de REE.

De momento, preparan, en colaboración con el Ayuntamiento de Aller, alegaciones contra la infraestructura, al tiempo que prosiguen con su labor de información en aquellos lugares donde precisan su asistencia para comentar entre los afectados los detalles del proyecto y los posibles daños para el entorno y sus habitantes. La próxima semana definirán los movimientos de protesta que llevarán a cabo en diferentes puntos de Asturias para mostrar su oposición al proyecto.

A los alegatos asturianos se sumarán los de la comunidad vecina de León, con trece municipios afectados por el trazado propuesto. La Diputación de León ha decidido reforzar su lucha contra la línea canalizando las alegaciones de los ayuntamientos perjudicados. No obstante, al igual que ocurrirá en Asturias, cada colectivo afectado presentará sus argumentos contrarios a la línea por separado. Algunos ayuntamientos de León ya disponen de un modelo tipo que están haciendo llegar a sus juntas vecinales, que, a su vez, repartirán entre los habitantes de su pedanía. Las alegaciones que presentarán van en tres direcciones: medioambiental, el campo de la salud y las personas. Los formularios incluyen además un folio en blanco para que los afectados añadan lo que consideren oportuno.

Rodríguez Bigotes calificó ayer el estudio de impacto ambiental realizado por la eléctrica de «estafa. Es un trámite que hay que salvar, igual que las alegaciones, para que puedan seguir adelante con la infraestructura. No podemos olvidar que el estudio ambiental se hizo sobre trazados previamente definidos. ¿Dónde está el consenso social?», señaló.

En su opinión, la decisión de REE «choca de frente» con los planteamientos propuestos desde el Ministerio de Industria y Energía de descentralizar la producción del país en los puntos donde existe una mayor demanda. En este sentido, recordó unas declaraciones del titular estatal, Joan Clos, en las que calificó de «inadmisible» el traslado energético a grandes distancias, concretamente «desde el Cantábrico a la meseta», por el riesgo de pérdidas que se sufre.

«Impacto moderado»

Sobre el trazado elegido, la responsable allerana criticó que la compañía estatal le haya concedido una categoría de «impacto moderado». Destacó que su instalación «afectará de forma muy severa» a zonas naturales «prácticamente vírgenes, de gran valor escénico y paisajístico» y señaló que «ataca directamente» a los enclaves del municipio más explotados como los principales reclamos de cara al turismo.

Si el proceso de tramitación no se alarga más de lo previsto, REE podría iniciar en 2009 la obra civil de la línea. Un año después procedería a la colocación de las torretas y la red estaría en funcionamiento en 2011. Pero antes de todo ello, la compañía quiere alcanzar «el mayor consenso posible», escuchar todas las alegaciones que se presenten a partir de ahora e incluir las alternativas que sean viables. El delegado de REE para Asturias y Galicia, Carlos González Patiño, ha resaltado la necesidad de esta línea -antes denominada Lada-Velilla, pero que ahora comenzará con una subestación en Sama- y basó sus argumentos en el déficit actual de redes de transporte en el Principado.

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