Los propietarios de La Cagonera aúnan fuerzas para luchar contra la depuradora

María Aurora Caicoya nació en la La Cagonera hace 55 años y, desde entonces, ha vivido siempre allí. Si se opta por ubicar la Estación Depuradora de Aguas de Residuales (EDAR) en esa zona, su casa quedaría situada a poco más de 200 metros de una instalación que nadie quiere cerca. «Está fuera de la ley y no la queremos allí», subraya. «Ya sabemos lo que suponen los olores y la contaminación porque hace años ya tuvimos que soportar un escombrera en ese lugar y lucharemos hasta el final para evitarlo», recordó la vecina. Caicoya fue nombrada vocal de la junta de propietarios que se constituyó ayer ante el notario Ángel Luis Torres. Ayer firmaron 27 propietarios, pero los abogados prevén que se incorporen muchos más hasta agrupar a casi la totalidad de las 60 familias que poseen distintas parcelas en los 600.000 metros cuadrados que mide la unidad de actuación en cuyas proximidades podría instalarse la EDAR del Este.

Modesto Obaya será el presidente de la comisión directiva y tiene claro los objetivos de la agrupación. «Trabajaremos para urbanizar la zona, lucharemos para que no se tire ninguna de las casas que ya están construidas y sobre todo organizaremos la defensa contra la instalación de la depuradora». Según explicó, «la zona descubierta medirá una hectárea y se destinará al secado de los fangos al sol, lo que desprenderá olor y supondrá un gran impacto medioambiental. Además, es la opción más cara y si se soterra lo será aún más». Además, Obaya señala que la excusa de que «esta opción es la que está más alejada de las zonas habitadas no es cierta ya que en pocos años estará urbanizada gracias al Plan General de Ordenación Urbana que aprobó el Ayuntamiento en 2005».

Los propietarios no entienden por qué el Consistorio aprobó urbanizar un terreno con licencia para 370 nuevas casas para después proponer esa ubicación para la depuradora del Este. Según señala otro de sus abogados, Antonio García, «La Cagonera no es un desierto y, cuando se construyan las casas, todas estarán dentro del radio de 2.000 metros que es el límite que marca el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas».

Las alarmas entre los propietarios saltaron tras la visita de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el pasado 8 de enero, en la que anunció que el Estado destinará para la instalación gijonesa 57 millones de euros, una cantidad similar a la de la opción más cara de las cuatro previstas, la de La Cagonera.

Junta de compensación

La constitución de la sociedad civil es un paso previo a la creación de una junta de compensación necesaria para poder urbanizar la zona. Según explicó José Luis Llana, uno de los abogados de los vecinos, es una forma de poder empezar a trabajar y defender los intereses de los propietarios. «Ahora podremos empezar a redactar un proyecto urbanístico así como la base de compensación para cuando se forme la junta de compensación dentro de un año o dos».