El primer análisis oficial de la situación de las universidades

E. M.

El informe del Tribunal de Cuentas sobre la salud de las universidades tuvo un origen viciado. Fue en 2001, recién llegado al Gobierno el equipo ministerial de José María Aznar y al hilo de las primeras protestas callejeras y rectorales sobre la Ley Orgánica de Universidades. En ese caldo, las Cortes Generales encargaron al Tribunal de Cuentas un informe sobre las universidades al que muchos le quisieron ver una fuerte carga política.

Sin embargo, a decir de los técnicos, el Tribunal ha sabido sortear esos inicios y realizar un trabajo «horizontal», tan ecléctico, que no ha llamado a rebato a partidos ni universidades. El informe, de 220 páginas y múltiples anexos, abarcó la organización, la actividad económico-financiera y la gestión, tal como solicitó la Comisión Mixta Congreso-Senado y el Tribunal de Cuentas el 21 de diciembre de 2001, el mismo día que se promulgaba la Ley Orgánica de Universidades

Este trabajo, sin embargo, se ha convertido en el primer informe oficial sobre las universidades españolas, al margen de otros realizados por entidades o instituciones de parte, como pueden ser los elaborados por la Conferencia de Rectores o el famoso Informe Bricall.

Críticas

En todos los aspectos de la fiscalización encuentra el informe cuestiones mejorables o censurables. Algunas de las más relevantes hacen referencia al profesorado. Tanto a su control como a su evaluación. Respecto al primero, señala que «las universidades no aplican sistemas objetivos para controlar la asistencia, presencia y cumplimiento de horarios» de los profesores e investigadores, por lo que nadie puede tener una «información objetiva sobre las horas totales trabajadas» como docente y como investigador.

Tampoco le gusta al Tribunal de Cuencas la ausencia de mecanismos efectivos de evaluación del profesorado, al menos en 2003, si bien los sistemas, al menos en la Universidad de Oviedo, no han variado sustancialmente. «A lo sumo se limitan a realizar encuestas a los alumnos tratando de averiguar su opinión acerca de la mayor o menor aptitud docente de los profesores», dice, en una severa crítica.

Igualmente, llama la atención el informe sobre la carente o deficiente planificación de la actividad investigadora y responsabiliza al Vicerrectorado de Investigación, que «ni controla ni tiene constancia, en la mayoría de las universidades, de la actividad gestionada por entes dependientes», en alusión a los encargos de otras instituciones.