Ocho grupos ecologistas califican de «brutal» la gestión del lobo en Ibias

«Plan brutal» y «despropósito» son algunos de los calificativos empleados por ocho agrupaciones ecologistas para criticar los «operativos excepcionales» de control del lobo que la Consejería de Medio Ambiente realizará en la sierra de Villardecendias, en Ibias, en los próximos días. Y es que, a su entender, las batidas autorizadas ante el incremento de ataques al ganado de la zona -que no afectarán a la Reserva Integral de Muniellos- constituyen «el último episodio de esta mal llamada gestión de la especie».

Estos colectivos -entre los que están la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies y la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico-, que han suscrito un manifiesto conjunto, arremeten contra estas medidas no sólo por los riesgos que implican para los participantes -«la última batida conocida ha contado con la participación multitudinaria de 80 escopetas de cazadores y guardas»-, sino porque desde que en 2002 se aprobó el Plan de Gestión del Lobo en Asturias «ningún año el porcentaje de reses afectadas llegó al 1% de la cabaña ganadera, considerando sólo el extensivo», afirman.

Por esto, sostienen que «los lobos no son la causa del declive de la ganadería», como pone de relieve, según apuntan, que «el porcentaje de ganaderos afectados por daños ha oscilado entre un 4 y un 7%» en los últimos años y la «escasa acogida a subsidios para medidas preventivas por parte de los ganaderos».

A pesar de estas cifras, «la administración asturiana ha aplicado a lo largo de 2008 un plan de control brutal, abatiendo, según nuestros datos, al menos 22 ejemplares, además de otros 6 muertos de manera ilegal», aseguran los ecologistas, quienes critican también que estas operaciones se realizaron «en época de cría»: «Entre abril y junio se abatieron 16 ejemplares, entre ellos hembras gestantes», apuntan los firmantes.

Informes sin publicar

Esta situación se explica, a juicio de los firmantes, por el aumento de la «conflictividad social», uno de los criterios que considera la Consejería de Medio Ambiente para autorizar las actuaciones de control: «La conflictividad social se ha convertido en el infame argumento para dar rienda suelta y atender las reclamaciones de ciertos portavoces ganaderos que, sin renunciar a pistas y subsidios para desarrollar la actividad, no escatiman amenazas y exabruptos para exigir el exterminio de los lobos que molestan en sus tierras», critican los colectivos.

Y es que, según apuntan, «no hay indicios de incremento de la población lobuna desde 2002» y, en cuanto a los daños causados al ganado señalan que «no están disponible desde 2007, al contrario de lo que ocurría entre 2003 y 2006, cuando las estadísticas eran claras y contundentes». A este respecto indican que «hace más de tres meses» esperan información del Principado.