El Principado defiende que los funcionarios «deben probar su mérito como en una empresa»

«La masa salarial de los empleados públicos ha subido por encima del IPC», afirma Ángel Luis Cabal en Canal 10 Los docentes irán a la huelga el 28 o el 29 de este mes «ante la falta de diálogo»

A. VILLACORTA| GIJÓN
Ángel Luis Cabal, ayer, en el plató. / J. PAÑEDA/
Ángel Luis Cabal, ayer, en el plató. / J. PAÑEDA

Ángel Luis Cabal, director general de Planificación y Evaluación de Recursos Humanos del Principado, fue tajante: «Los funcionarios deben probar los principios de mérito y capacidad como en cualquier empresa. No sólo cuando acceden a la Administración, sino durante toda su vida laboral».

El responsable del personal de la Administración autonómica, al frente de 35.000 empleados públicos, fue entrevistado ayer en el programa 'La Lupa', dirigido en Canal 10 por Juan Neira, a cuyas preguntas respondió que esos mismos empleados «se llevan el 35% de los presupuestos de la región, unos 1.700 millones de euros», al tiempo que subrayó que «la masa salarial se ha incrementado por encima del IPC los últimos años».

Además de en «esfuerzo salarial», Cabal hizo hincapié en que «la oferta pública de empleo del año pasado, con más de 2.500 plazas, fue la mayor de toda la historia del Principado». Y, con todas esas bondades sobre la mesa, pasó a defender la evaluación a la que el Principado ha empezado a someter a sus funcionarios.

«El nuevo estatuto del empleado público, aprobado en 2007, nos obliga a poner en marcha estas evaluaciones como garantía de la calidad del servicio público», subrayó el portavoz de la Consejería de Administraciones Públicas.

El plan de evaluación docente, que ha cosechado la oposición frontal del profesorado, mereció un análisis en profundidad. «Es una verificación sobre si los docentes saben hacer lo que tienen que hacer y si se comportan adecuadamente en su puesto de trabajo», lo justificó. Y, a propósito de quién ha sido el responsable de su elaboración, si la Consejería de Administraciones Públicas o la de Educación, se esforzó en clarificar que «no son dos cosas distintas», que «el Gobierno es el Gobierno».

Otro de los puntos de fricción con los docentes, la convocatoria de la Mesa Sectorial, también fue abordado sin cambios de postura: «La Mesa General es el órgano de representación que la ley establece como órgano principal de negociación. La norma dice que podrán existir mesas sectoriales si la Mesa General así lo acuerda».

Las explicaciones del Principado siguen sin convencer a los sindicatos, que avanzaron ayer que más de 11.000 docentes asturianos están llamados a no entrar en las aulas de nuevo a finales de este mes. De hecho, hoy mismo presentarán un preaviso de huelga, un paro para el que las centrales barajan dos fechas: el 28 o el 29 de abril. «Son dos fechas que, en algunos centros, coinciden con la evaluación de diagnóstico a la que deberán someterse los alumnos», explicó Beatriz Quirós, al frente de la Junta de Personal Docente No Universitario, para ilustrar las consecuencias que acarreará la protesta, la segunda en el sector en lo que va de mes.

Paro educativo

Los sindicatos que integran el comité de huelga -Suatea, CC OO, Anpe y CSIF- denunciaron que «la negociación con el Principado sigue sin existir» y que el paro está motivado «por la falta de diálogo».

La negociación es el puntal de las reclamaciones de esta nueva huelga en los 400 centros educativos públicos asturianos , «con una evaluación del profesorado que tampoco ha sido negociada».

Gumersindo Rodríguez, de Anpe, reconoció que los ánimos «están muy caldeados». Y dirige sus críticas sobre todo a la consejera de Administraciones Públicas porque, para los profesores, sus palabras han sonado a toda «una declaración de guerra». La acusan de mentir sobre los incrementos retributivos de los docentes y ocultar las verdaderas cifras de absentismo.

Ayer mismo, la propia Ana Rosa Migoya se defendió asegurando que el Principado sigue «abierto al diálogo» en cuestiones como la reorganización de los servicios de Urgencias, en Salud, o en la aplicación de los criterios de la evaluación docente, en la Enseñanza.

No opina lo mismo Diana Camafeita, diputada de IU-BA-Los Verdes, que pidió a Migoya y al portavoz socialista en el parlamento, Fernando Lastra, que «dejen de alimentar conflictos laborales» con sus palabras y de «ofender».

Más pacífico se mostró el consejero de Salud, Ramón Quirós, que afirmó que «se puede, se debe y se concilia sin ningún problema» la negociación con los sindicatos UGT y CC OO y las aportaciones que el Sindicato Médico (Simpa) puede hacer en la mesa técnica creada para evitar la huelga de urgencias. Fue después de que el Servicio de Salud del Principado advirtiese de que no negociará mejoras salariales y cambios organizativos de los facultativos de ese servicio con el Simpa.