El despido del profesor del Montedeva fue improcedente

El docente fue apartado de su cargo en febrero, tras denunciar públicamente la realización de obras ilegales en el colegio

A. VILLACORTA / O. ESTEBAN

Casi un año de batalla pública y judicial ha concluido (solo por el momento) con el fallo del juzgado de lo Social número 3 de Gijón, que considera improcedente el despido de Luis Alberto Picatoste, el profesor del colegio Montedeva (antes Ursulinas), despedido el pasado mes de febrero tras denunciar públicamente la realizción de obras ilegales en el colegio. Picatoste, que ahora reside fuera de España, tuvo conocimiento de la sentencia hace algunas semanas y, a la espera de que la empresa que gestiona el centro, Alter Via, anuncie su decisión (si opta por la readmisión o por el despido e indemnización), él sí tiene claro que continuará la batalla legal. Porque el docente está convencido de que su despido no fue improcedente, sino nulo. Además, no está en absoluto de acuerdo con la consideración del juez, que considera que el profesor faltó a la buena fe contractual, ya que Picatoste considera que se trata de una «obligación recíproca de empresario y trabajador y, en este caso, el empresario sí que ha faltado permanentemente a la buena fe contractual para con los trabajadores, las familias, los alumnos y la Administración, desde hace años».

Los hechos se remontan a principios del pasado año. El profesor Luis Alberto Picatoste decidió hacer público, a través de las páginas de EL COMERCIO, que las obras que se estaban realizando, de remodelación del comedor escolar, no contaban con las pertinentes licencias. Las obras habían arrancado ya en el verano de 2011 y, al cabo de unos meses, habían aparecido grietas en algunas localizaciones del centro. En el verano de 2012 fueron reparadas. Pero los problemas volvieron a surgir y, ante «la más absoluta indiferencia» de los gestores del colegio, el docente se pone en contacto con el Ayuntamiento. En marzo de 2013 el Consistorio resuelve que se han realizado obras ilegales y, a finales de año, reclama al centro «el inicio del proceso de legalización de actividad» del colegio. Todas aquellas complicaciones administrativas y legales finalizaron con el despido del profesor, lo que provocó incluso concentraciones de apoyo de los alumnos.

Picatoste también ha denunciado ante la Consejería de Educación que su despido no se ajustó en las formas a lo que establecen las leyes para los conciertos educativos.