Luis Montes defiende la eutanasia como un acto «de solidaridad y de justicia»

Los doctores Luis Montes y Marcelo Palacios, ante un salón de actos a rebosar, antes de iniciar la charla. /
Los doctores Luis Montes y Marcelo Palacios, ante un salón de actos a rebosar, antes de iniciar la charla.

El presidente de Derecho a Morir Dignamente asegura que con la actual legislación «no tenemos el derecho a vivir sino la obligación de vivir»

MARCO MENÉNDEZGijón

El salón de actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto se quedó ayer pequeño para albergar a tantas personas interesadas en escuchar a dos de los máximos expertos en un tema de plena actualidad, como es la eutanasia. Los doctores Luis Montes, presidente de Derecho a Morir Dignamente y que fue jefe de la unidad de anestesistas del Hospital Severo Ochoa, de Leganés, y Marcelo Palacios, presidente de la Sociedad Internacional de Bioética (Sibi), ambos firmes defensores del apoyo a una muerte digna, hablaron de los últimos cambios legislativos que ha habido en esta materia y de qué suponen la eutanasia y el suicidio asistido. Entre el público había muchas personas que habían redactado su testamento vital y ahora desconocen si sus deseos podrán ser una realidad cuando llegue el momento.

Luis Montes recordó que todo ciudadano tiene derecho a «recibir de su médico una información cierta, verídica, científica y entendible, que no sea inductiva. También a recibir el mejor tratamiento. Pero, además, a rechazar el tratamiento, que no se aplique de forma encarnizada». El doctor apuntó, no obstante, que el Código Penal considera delito la inducción al suicidio y la colaboración en la muerte de una persona. Pero explicó que «la retirada de un tratamiento no es nada de eso. Si no se puede aplicar, no tenemos derecho a vivir, sino la obligación de vivir».

Contexto de sufrimiento

Es más, también defiende la eutanasia activa desde el punto de vista de que «ha sido reiteradamente solicitada por una persona en un contexto de gran sufrimiento. Por ello, la motivación de quien la da es altruista, de solidaridad y de justicia». El problema, para este experto, es que muchas comunidades autónomas han tratado de desarrollar la muerte digna en sus legislaciones, pero teniendo en cuenta que no pueden ir en contra del ordenamiento jurídico, lo que se traduce que en «se entra en una especie de túnel del tiempo para no debatir en el mejor interés de la ciudadanía». Eso sí, dejó una puerta a la esperanza, pues el Parlamento vasco pretende elevar al Congreso una propuesta para el debate de la eutanasia y su despenalización. Pero apunta que habrá que esperar a la próxima legislatura, pues ni PSOE ni Ciudadanos han incluido este aspecto aún en sus programas electorales, mientras aseguran que sí lo harán Equo, Izquierda Plural y Podemos.

Del punto de vista ético de la muerte digna habló Marcelo Palacios, quien resaltó el concepto de la dignidad como elemento diferenciador de la persona a la hora de solicitar la eutanasia. Es más, abundó en que «la persona es la institución fundamental de la sociedad. Sin ella, no sería posible nada. Las demás son instituciones artificiales que nos hemos dado para que estén a nuestra disposición», en referencia a las que dimanan del Estado.

La eutanasia, recordó, no pretende terminar con el dolor, sino que «quien la solicita lo hace agarrándose con fuerza a su dignidad; una dignidad que no se nos puede arrancar con normas, exclusiones o abusos».

«Decidir su destino»

En opinión de Palacios, toda persona nace con unos derechos biológicos entre los que estaría el de decidir sobre su propia muerte. Por ello, añadió que «el Estado no es propietario de la existencia de cada individuo, sino tutelador en determinadas circunstancias. Los ciudadanos son quienes han de decidir sobre su propio destino».

Por ello, Marcelo Palacios defiende la necesidad de acometer una legislación para que las personas puedan morir de manera digna y recordó que no hay una normativa homogénea en la Unión Europea. Aunque hay aspectos que la actual legislación española ya contempla, como el hecho de que «toda persona tiene derecho a que se le retire un tratamiento. El médico solo ha de alertar sobre las consecuencias, pero no ir más allá. Está en nuestras leyes».