El Tribunal de Cuentas pide más control en obras como las de El Musel

El Tribunal de Cuentas ha instado a la Administración General del Estado a "ejercer de una forma más eficaz las labores de supervisión y control" en los procedimientos de contratación y ejecución de proyectos como la ampliación del puerto de El Musel, en la que ha constatado irregularidades como el pago de sobrecostes en las materias primas.

El Tribunal de Cuentas realiza esta recomendación teniendo en cuenta que las obras de ampliación del puerto gijonés, que son objeto de investigación en la Audiencia Nacional tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, "se han producido con retrasos y sobrecostes muy significativos que, además, han posicionado a la Autoridad Portuaria de Gijón (APG) en una delicada situación financiera".

En su informe de fiscalización, el Tribunal de Cuentas advierte de que las desviaciones en las previsiones de tráfico portuario, el incremento del coste de las obras de ampliación y, por consiguiente, del nivel de endeudamiento de la Autoridad Portuaria "revelan defectos en la concepción y la ejecución de la ampliación del Puerto de Gijón".

El órgano fiscalizador, que ha detectado "otras debilidades de control interno en materia de contratación y subcontratación", pone énfasis en el sobrecoste de la ampliación de la infraestructura. Recuerda al respecto que la Autoridad Portuaria adjudicó en 2005 el proyecto a la UTE Dique Torres por un presupuesto de 579 millones de euros y un plazo de ejecución de 46 meses.

No obstante, iniciada la ejecución del contrato, la UTE planteó un incremento en los precios de los materiales que "la APG aceptó y aprobó" con una modificación del contrato por casi 251 millones de euros.

De esta manera, el importe final de la obra certificada, junto con la revisión de precios y el IVA, alcanzó un total de 837 millones de euros, y ello con un retraso de tres años en su puesta en funcionamiento.

El Tribunal de Cuentas subraya que los pliegos de cláusulas y las estipulaciones del contrato establecieron que los precios de las unidades de obra que se recogían en el proyecto se consideraban "cerrados y que el contratista no podía, bajo ningún pretexto, pedir su modificación". Pese a ello, la Autoridad Portuaria acordó con la UTE incrementar los precios de los materiales "sin haber instrumentado expediente de modificación de contrato".

De esta manera, desde abril de 2006 hasta noviembre de 2007 la Autoridad Portuaria abonó a la UTE por los aumentos en los precios de los materiales un importe adicional de 63,9 millones de euros.

En el apartado de recomendaciones, el Tribunal de Cuentas considera que la Administración General del Estado, a través de Puertos del Estado, "debería poner en marcha las medidas y procedimientos que permitan efectuar una previsión más realista de los plazos y costes de ejecución de las infraestructuras".

Para ello, aboga por destinar "más recursos" a las labores de investigación previa durante la fase de redacción de los proyectos constructivos con el objetivo de "evitar las modificaciones de los contratos que suponen un aumento inevitable de los costes".

Además, considera que la Administración General del Estado "debería ejercer de una forma más eficaz las labores de supervisión y control en los procedimientos de contratación y en su ejecución", incluida la obligación del contratista de mantener los medios personales ofertados.

El Tribunal de cuentas hace esta última recomendación especialmente para aquellas actuaciones que sean objeto de cofinanciación con fondos europeos "para evitar en la medida de lo posible la apertura de procedimientos de corrección financiera de los fondos comunitarios", como ha ocurrido en este caso.