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El gobierno local rechaza rebajarle el IBI a la sociedad gestora del área logística

La empresa alegó contra las ordenanzas fiscales y solicitó una bonificación que la ley concede para actividades de interés para la ciudad

M. MORO

Jueves, 15 de diciembre 2016, 08:58

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El gobierno local de Foro rechazó ayer rebajarle el IBI a la sociedad gestora de la Zona de Actividades Logísticas de San Andrés de los Tacones. Ésta pidió a cogerse a una bonificación que la ley permite conceder de forma discrecional para determinadas actividades de interés para la ciudad. La empresa presentó la única alegación contra las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento para 2017, documento que regula los impuestos y tasas municipales que estarán en vigor a partir del 1 de enero, aprobado en octubre de forma inicial con el voto favorable de Foro, PP y Ciudadanos, la abstención de IU y el rechazo de los concejales de PSOE y Xixón Sí Puede.

El asunto se trató ayer en una junta de gobierno de carácter urgente y extraordinario y posteriormente en la Comisión de Hacienda. Finalmente, las ordenanzas fiscales quedaron aprobadas de forma definitiva al inadmitir la solicitud de la gestora de la ZALIA. La Comisión de Hacienda duró 20 minutos porque los grupos estuvieron debatiendo si debían votar o no sobre esta cuestión, algo que a final no sucedió porque bastó con que todos se dieran por enterados del rechazo a esa bonificación.

La situación financiera de la ZALIA es muy delicada (acumula una deuda cercana los cien millones de euros) y todavía puede agravarse más si prosperan las reclamaciones de un grupo de expropiados para la retasación de sus antiguos terrenos. El impago en el plazo legal de 104.000 euros por trece fincas permite a estos afectados pedir que se les pague el metro cuadrado a 131 euros, es decir, a su valor actual una vez urbanizados.

El Jurado de Expropiación fijó en 2008 un precio de 2,99 euros le metro para estos terrenos agrícolas. En 2012 el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) elevó el precio a 3,83 euros el mero cuadrados. La reclamación se basa en la misma normativa que multiplicó el coste de la expropiación de Villa Magdalena, en Oviedo.

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