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Carmen Moriyón y Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, el pasado domingo.
Gijón se suma a un frente municipalista contra las limitaciones de Montoro al gasto público

Gijón se suma a un frente municipalista contra las limitaciones de Montoro al gasto público

Varios ayuntamientos se reúnen hoy en Madrid para reclamar al Gobierno más flexibilidad en el uso de sus fondos cuando no haya problemas de deuda

IVÁN VILLAR

Miércoles, 1 de marzo 2017, 07:15

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Los ayuntamientos quieren hacerse oír de cara a la próxima modificación de la normativa sobre estabilidad financiera que prepara el Gobierno central. Especialmente en lo que respecta al método de cálculo de la regla de gasto, un elemento que está causando quebraderos de cabeza a los gestores municipales. Cada año el Estado fija un tope para el incremento de los gastos municipales, tomando como referencia la ejecución real del ejercicio precedente. Esto provoca, por ejemplo, que el ahorro que se produce en un año determinado se traduce en el ejercicio siguiente en un presupuesto para gastos más constreñido. Superar los límites impuestos obligaría a elaborar un plan económico-financiero que restaría al ayuntamiento incumplidor independencia en la determinación de sus gastos, pues deberían ser supervisados por una administración superior.

Por otra parte, cuando al cierre de un ejercicio se queda dinero sin gastar, las corporaciones locales no tienen plena libertad para decidir el destino de ese remanente. Solo pueden dedicarlo a la amortización de deuda o a inversiones «financieramente sostenibles». En esta última definición se incluirían todas aquellas actuaciones que estén encaminadas a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y de los servicios, pero que no supongan a la larga una carga adicional para las cuentas municipales. Se exige, por ejemplo, que tengan una vida útil mínima de cinco años y que el total de la inversión se haga dentro del ejercicio presupuestario, lo que impide abordar grandes proyectos con cargo a este dinero. Y, por supuesto, dedicarlo a otros fines como por ejemplo gasto social. Las entidades locales se sienten con las manos atadas y pretenden que el Estado adopte unas normas más flexibles, al menos para aquellas que estén en mejor situación económica.

Para estudiar la revisión de estas normas, el secretario de Estado de Hacienda ya ha anunciado la creación de un grupo de trabajo en el que además del propio ministerio estarán representados la Intervención General de la Administración del Estado, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y la Federación Española de Municipios y Provincias, esta última entidad como representante de los ayuntamientos. Y los consistorios ya han empezado a moverse para acudir con una postura común.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha invitado a su homóloga en Gijón, Carmen Moriyón, a un encuentro que tendrá lugar hoy en la capital y en el que se pretende «coadyuvar con nuestras aportaciones a que la regla de gasto se acomode a la nueva situación de las cuentas públicas locales». El Consistorio madrileño recuerda que la ley de estabilidad presupuestaria se aprobó en un momento en el que entre las administraciones locales era común el déficit, la deuda financiera superaba el 110% de los ingresos, había «multitud de facturas en el cajón» y el periodo medio de pago a proveedores llegaba a superar los doce meses.

Una situación diferente

Pero a día de hoy «la situación ha variado considerablemente». Por ejemplo, la deuda se ha reducido, por lo que «no tiene sentido» obligar a destinar el remanente presupuestario a amortizar créditos. La cuestión no es baladí, pues si en Gijón se habla de un remanente de entre 27 -según el gobierno local- y 53 millones de euros -según la oposición-, en Madrid la cifra alcanza los 400 millones. «Debería poder destinarse a aquellos gastos necesarios, de inversión o de otro tipo, que nos permitan atender mejor a nuestros ciudadanos», defiende el Consistorio madrileño. En cuanto a la regla de gasto, entienden que el tope que se fije cada año debería actualizarse tomando como base el límite del ejercicio anterior, «con independencia del gasto máximo real».

De este modo se evitaría que un año con baja ejecución presupuestaria lastre el límite de gasto de los ejercicios siguientes. En un documento de trabajo presentado como base para la reunión de hoy el Ayuntamiento de Madrid plantea además eximir del cumplimiento de esta deuda a las entidades que, como Gijón, tienen un endeudamiento inferior al 110%. La búsqueda de este frente municipalista está encabezada, junto a Carmena, por el alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, quien el domingo se reunió con Moriyón coincidiendo con la visita del Celta.

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