«No podemos vivir al límite», claman las ONG

Varios menores participan en una de las numerosas actividades de Mar de Niebla. /
Varios menores participan en una de las numerosas actividades de Mar de Niebla.

La demora municipal en el pago de ayudas las dejó al borde de la quiebra y urgen un calendario «que nos dé sostenibilidad»

CHELO TUYA

Cada año, acude a una entidad bancaria de su barrio. «Donde ya me conocen y me siento respaldado». Cada año pide un crédito, «siempre igual, unos 50.000 euros». Es un crédito personal, ante el que responde con sus bienes. Pero no utiliza ese dinero en nada 'personal'. Con ello financia las actividades que durante más de un mes, de mayo a junio, convierten a La Calzada en escenario de todo tipo de propuestas. Las Iniciativas Deportivo y Culturales de La Calzada que Rufino Ballesteros y otros vecinos tan 'locos' como él pusieron en marcha en 1989, aunque se consolidaron desde 1991.

«Y siempre con créditos personales para hacer frente a los retrasos en el pago de la ayuda municipal», cuenta Ballesteros, que en los dos últimos años ha visto cómo el agua le llegaba al cuello. «Porque en el banco me tratan muy bien, pero la demora en los pagos que hemos sufrido nos ha complicado mucho la vida. Nos pagaban el 50% justo después de las jornadas y, después, el 30% a final de año y el 20% al inicio del otro. Pero desde 2015 las cosas se han complicado».

Tanto como que hasta la pasada semana «no cobramos toda la deuda». Y tanto como para poner en marcha las jornadas de 2017 «sin dinero en la caja. De nuevo con lo que aportamos nosotros». Una situación que conoce bien Mario González. El director del Club Atlético Fumeru está en números rojos. «Cada año tengo que pedir un crédito personal. Son 5.000 euros. La demora en los pagos es tal que hoy, todavía me deben 4.000».

Como Ballesteros, González tiene que hacer frente con sus bienes a un crédito que, en su caso, sirve para financiar la participación de casi cien atletas, así como de infinidad de jóvenes que compiten con los equipos del barrio. Pese a la morosidad que arrastra, González no se arredra. «Apoyamos la celebración del medio maratón. Y seguimos ahí. Si paramos, ¿quién hará nuestro trabajo?».

Una voluntariedad con la que cuentan las administraciones. «Saben que trabajamos con personas y que no vamos a dejar de hacerlo, pero no podemos vivir al límite».

«Pagamos hasta el estanque»

Los dos respaldan que el Ayuntamiento exija «toda la documentación necesaria. Nuestras cuentas son transparentes y queremos que el dinero público se dé con todas las garantías». Sin embargo, reclaman mayor apoyo de las instituciones. «No es posible que tengamos que pedir créditos personales, que nos retrasen el pago de una factura porque no la ven clara. Si además cobramos menos de lo que realmente hacemos... ¿Quién contabiliza el trabajo de todos los voluntarios en preparar las comidas, los actos, los trofeos, en atender a los coros?», se pregunta Ballesteros. Apunta, además, que la mayor parte de los gastos que tiene Iniciativas Culturales de La Calzada se van, precisamente, en pagar al Ayuntamiento. «Tenemos que abonar el alquiler de los edificios públicos que utilizamos. Nos cobran hasta el uso del estanque donde se celebra el campeonato de barcos teledirigidos».

En idéntica situación se encuentran la totalidad de las ONG que trabajan en Gijón. Si a principios de mes levantaron la voz, con el apoyo de los grupos municipales en la oposición, para reclamar los pagos pendientes, hoy, que la mayoría ha cobrado, no quieren que se vuelva a repetir. «Lo que necesitamos es un protocolo para evitar estos desfases. Pedimos que se uniformicen los criterios y los calendarios. Las entidades sociales no tenemos ánimo de lucro. Necesitamos convenios plurianuales para que se garantice siempre la disponibilidad de crédito. Y, sobre todo, que los intereses que nos cobran los bancos sean considerados, también, como deuda».

Víctor García, director de la Fundación Secretariado Gitano, acaba de cobrar toda la deuda. No tiene tanta suerte Héctor Colunga, de Mar de Niebla. «Nos deben aún 10.000 euros del año pasado. Y, lo peor, es que tenemos los convenios de este año todavía sin firmar. Cuanto más tardemos en hacerlo, más demora habrá en que nos paguen el 80% inicial. Trabajamos con personas, hacemos un servicio público y, a veces, no lo ven», lamenta Colunga.