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M. MORO
GIJÓN.
Domingo, 28 de enero 2018, 01:52
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El PP atizó ayer al gobierno local y a Xixón Sí Puede tras la celebración del juicio oral por la demanda interpuesta por el Ayuntamiento a raíz del veto a la entrada de la abogada laboralista Marta Rodil en el Patronato de la Fundación Cajastur. Según la lectura que hace el edil Pablo González del asunto, «una vez más el equipo de Carmen Moriyón sacrifica los intereses de Gijón por conseguir el beneplácito de Xixón Sí Puede».
En opinión de González, Gijón continúa sin representación en este organismo por «la incompetencia «del gobierno local y su «permanente cesión» a los intereses de la formación morada. El concejal recordó que la persona propuesta por el Ayuntamiento, con los únicos votos favorables de Foro y Xixón Sí Puede, fue rechazada por el patronato de la fundación bancaria. Y que las razones esgrimidas por este órgano para no aceptar a Marta Rodil como consejera fue por entender que existía un conflicto de intereses, ya que la letrada participó en un proceso judicial en contra de la entidad (Soft Computing).
«Lejos de intentar buscar una persona de consenso que defienda los intereses de Gijón en esta institución, el gobierno de Foro, azuzado por sus socios de Xixón Sí Puede, optó por ir a los tribunales contra la Fundación Cajastur enredando aún más ala situación», lamentó.
Por su parte, el portavoz de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo, que asistió a la vista oral junto al diputado regional Daniel Ripa y los ediles Nuria Rodríguez y Orlando Fernández, calificó de «filigrana jurídica y argumento cínico» la negación del derecho del Ayuntamiento de Gijón a ser patrono de la fundación bancaria heredera de Cajastur. Suárez del Fueyo, no obstante, confía e n que la sentencia de la jueza se dirija a la reposición de la representante del Ayuntamiento en la fundación» Para el líder de Xixón Sí Puede están en juego los principios democráticos: «No podemos entender cómo una fundación que representa los intereses de la banca fundamentalmente, los intereses de Manuel Menéndez ligados a los de Javier Fernández, pueda vetar una decisión de un Ayuntamiento democrático».
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