La administración concursal de La Camocha proseguirá con los desahucios

Vecinos de La Camocha el martes en la Junta General del Principado, donde se rechazó que el Gobierno regional comprara las viviendas para evitar los desalojos. / HUGO ÁLVAREZ
Vecinos de La Camocha el martes en la Junta General del Principado, donde se rechazó que el Gobierno regional comprara las viviendas para evitar los desalojos. / HUGO ÁLVAREZ

Pese a la paralización del primer desalojo y los recursos interpuestos, los administradores no tienen dudas sobre la ejecución inmediata de los desalojos

P. SUÁREZ / A. MENÉNDEZGIJÓN.

El pasado 30 de septiembre, la presión de casi un centenar de personas logró detener el primer intento por sacar de su casa a una de los tres vecinas del poblado minero de La Camocha en riesgo de desahucio inminente. La comisión judicial decidió, en vista de la tensión generada, posponer el desalojo para dentro de aproximadamente un mes, tiempo que han aprovechado los vecinos para interponer diversos recursos a la orden judicial que autoriza el proceso. Sin embargo, tal y como ha podido saber EL COMERCIO, existe en la administración concursal un convencimiento «absoluto» sobre su ejecución.

Fuentes próximas a los administradores concursales descartan la posibilidad de que los desalojos puedan sufrir un nuevo retraso y se muestran confiados en que se terminarán llevando a cabo en el menor tiempo posible, siempre respetando los tiempos marcados por el juez. De esta manera, tres vecinos del poblado podrían verse forzados a abandonar sus casas antes del final de año mientras que otros cuatro inquilinos quedarían pendientes de que su situación sea revisada y se tome una decisión sobre su continuidad en las viviendas. Este último caso afecta a cuatro vecinos que han visto congeladas las cuentas en las que deben ingresar su renta anual, lo que ha imposibilitado que regularicen su situación.

A las intenciones de la administración concursal se suma también la negativa del Principado a activar una posible intervención de la administración pública, al considerar que, tal y como estableció el Gobierno el martes en la Junta, esta opción no está en el ámbito de sus competencias ni es compatible con la capacidad presupuestaria actual. Pese a ello, los vecinos encargados de mediar en el conflicto han solicitado una reunión al presidente del Principado, Adrián Barbón, con el fin de explorar otras vías.

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Críticas al Gobierno

Pese a que nadie en La Camocha pierde la esperanza de que finalmente se logre evitar los desalojos, la negativa del Principado a intervenir en el conflicto ha caldeado los ánimos de muchos vecinos, que se muestran muy críticos con la actitud del PSOE. «Han vivido, electoralmente, muchos años de la mina y los mineros y, ahora que los necesitamos nosotros a ellos, nos dan la espalda. No se entiende», afirman varios vecinos, quienes aluden a las raíces mineras de los socialistas para reclamar esta intervención.

«Están abandonando a la gente que antes dio la cara por ellos», insisten, a la vez que recuerdan que en Ciñera, el poblado leonés que vivió una situación similar a La Camocha, fue «incluso» el Partido Popular el que tomó la iniciativa y decidió comprar las casas para luego volver a alquilarlas o venderlas a sus anteriores inquilinos a precios más asequibles.

De hecho, y tal y como afirmó el entonces consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en una entrevista con este periódico, aquella intervención no le supuso a la Administración coste económico alguno. «La compra de los terrenos mineros en Ciñera solo requirió trabajo, no dinero», afirmó entonces Suárez-Quiñones, que también reconocía que las empresas mineras «no siempre han cumplido con la responsabilidad de realizar una transición ordenada y justa para la gente que se lo dio todo». A este planteamiento se aferran ahora los vecinos de La Camocha para salvar sus casas.