«Alguien tiene que frenar a las financieras. Están cobrando hasta a la gente que ya murió»

Sin embargo, no todos sus problemas son económicos. Su salud también se ha visto afectada por el «defectuoso» e «incompleto» tratamiento del que ha sido víctima. «Tengo sangrados continuos, graves problemas de oído y un estado psicológico muy complicado», asegura en referencia a un sufrimiento que, dice, la han obligado a cambiar radicalmente su vida. «Hay alimentos que me es del todo imposible comer y eso también tiene sus consecuencias», explica.

En un caso como el de Azorogaray hay pocas disculpas que valgan. «No quiero más buenas palabras. Quiero que hagan algo por compensar la mayor estafa sanitaria de la historia», reclama quien se muestra también muy crítica con el Ayuntamiento, al que acusa de no haber puesto freno a este «fraude» con anterioridad. «Estuvieron trabajando sin licencia durante dos años. No puede ser que a una peluquería venga cada dos meses un inspector a comprobar que este todo correcto y a esta clínica, en la que está involucrada la salud de personas, no haya ido nadie en dos años», clama.

Casos extremos como el de esta familia monoparental se suman a aquellos en que, si bien no ha habido tan terribles consecuencias, las pérdidas económicas y de salud han perjudicado enormemente la vida de los afectados. «A mi me han estafado unos 5.000 euros», cuenta Miguel Ballesta, quien acudió a la clínica para cambiar una serie de piezas y terminó saliendo con una prótesis completa. «La parte de abajo la tenía perfecta y se empeñaron en cambiármela. Ahora tengo toda la boca con una prótesis provisional de resina, que cualquier día se me caerá porque es un parche», relata.

Estos casos son solo algunos de los más de mil que se han registrado en Gijón y que continúan a la espera de una solución por parte de la Administración, como ayer hicieron ver en la multitudinaria concentración celebrada frente al Ayuntamiento. «Lo primero que tienen que hacer y nadie entiende por qué no lo han hecho ya es mandarnos nuestros historiales médicos, para que como primer paso podamos solucionar nuestros problemas de salud», exigen desde la plataforma de afectados, donde aseguran estar «cansados» de que los políticos con los que se han entrevistado en los últimos tres meses «solo se pasen la pelota unos a otros».

«Me retiraron piezas sanas y para aumentar el presupuesto me hicieron implantes que no eran necesarios. He pagado en torno a 7.000 euros al contado y ahora me veo arruinada. Lo que han hecho no tiene nombre». Cuando Adriana Laura Arrozogaray acudió a la clínica de iDental en Gijón para solucionar una serie de problemas bucodentales, nunca imaginó la estafa en la que terminaría por verse envuelta. «Desde entonces vivo en una pesadilla. Tengo cuatro hijos y sobrevivimos gracias a la ayuda de mis amigos. Estamos completamente arruinados. No hay derecho a lo que nos están haciendo», afirma con una crudeza que estremece.

Para esta madre, no todos sus problemas se reducen a lo económico. Su salud también se ha visto afectada por el «defectuoso e incompleto» tratamiento del que ha sido víctima. «Tengo sangrados continuos, graves problemas de oído y un estado psicológico muy complicado. Esto no tiene nombre», asegura en referencia a un sufrimiento que, dice, le ha obligado a cambiar radicalmente su vida. «Hay alimentos que me cuesta mucho masticar y eso también tiene sus consecuencias», explica.

En un caso como el de Arrozogaray hay pocas disculpas que valgan. «No quiero más buenas palabras. Quiero que hagan algo por compensar la mayor estafa sanitaria de la historia», reclama a tiempo que critica duramente el papel «secundario» tomado desde el Ayuntamiento, al que acusa de no haber puesto freno a este fraude con anterioridad. «Estuvieron trabajando sin licencia durante dos años. No puede ser que a una peluquería venga cada dos meses un inspector para comprobar que esté todo correcto y a esta clínica, donde se jugaba con la salud de las personas, no haya ido nadie en dos años», clama.

Casos extremos como el de esta familia se suman a aquellos en los que, si bien no ha habido tan terribles consecuencias, las pérdidas económicas y de salud han repercutido enormemente en la vida de los afectados.

«A mí me han estafado unos 5.000 euros», cuenta Miguel Ballesta, quien acudió a la clínica para cambiar una serie de piezas y terminó saliendo con una prótesis completa que no necesitaba. «La parte de abajo la tenía perfecta y se empeñaron en cambiármela. Ahora tengo toda la boca con una prótesis provisional de resina que cualquier día se me caerá porque es un parche», relata con desesperación.

Historiales médicos

Estos casos son solo algunos de los más de mil que se han registrado en Gijón y que continúan a la espera de una solución por parte de la clase política, tal y como ayer manifestaron durante la multitudinaria concentración celebrada frente al Ayuntamiento. «Lo primero que tienen que hacer y nadie entiende por qué todavía no lo han hecho es mandarnos nuestros historiales médicos para que, como primer paso, podamos solucionar nuestros problemas de salud», exigen desde la plataforma de afectados, donde aseguran estar «cansados» de que los políticos con los que se han entrevistado en los últimos tres meses «solo se pasen la pelota unos a otros».

En particular, desde la plataforma hicieron referencia a una reunión mantenida con el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, en la que éste se comprometió a hacerse con los historiales y enviárselos en formato digital para que pudieran hacer uso de ellos. «Seguimos esperando. Es una decepción tras otra», afirman respecto a los encuentros mantenidos con otros políticos y que tampoco se han materializado en soluciones tangibles. «Salvo Unidos Podemos, ninguno ha ido más allá de las buenas palabras», insistieron.

Proposición No de Ley

Precisamente de la mano de este partido llevarán una Proposición No de Ley (PNL) al Congreso de los Diputados en la que instan al Gobierno a llevar a cabo las medidas legales necesarias para la inclusión de la salud bucodental en la sanidad pública, vigilar que la mayoría del capial social y del número de socios pertenezca a profesionales del sector y no a empresarios ajenos al mismo y desarrollar las medidas necesarias para proteger a los pacientes que financien sus tratamientos de salud por anticipado.

Este último aspecto preocupa y mucho a los afectados, quienes denuncian un «acoso absoluto» por parte de las financieras. «Hubo un caso en el que se murió el marido de una afectado y en cuya persona estaba centrada la financiación. Sin embargo, la financiera no tuvo problema en seguir demandando el cobro de esta deuda sin mostrar ningún respeto por el duelo de la viuda», afirmó al tiempo que exigía la paralización de todas las deudas contraídas. «Alguien tiene que pararles los pies. Estamos pagando por un servicio que no recibimos», aludieron.