Aprobado el nuevo reglamento de las instalaciones deportivas municipales, que prevé multas por su mal uso

Piscina del Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón Sur. /
Piscina del Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón Sur.

El artículo que hacía referencia a la prohibición de acceso a «ultras y grupos radicales» se modifica para remitir directamente a la Ley contra la Violencia en el Deporte

Iván Villar
IVÁN VILLARGijón

La comisión municipal de Participación Ciudadana, Deportes, Igualdad, Juventud y Festejos dio esta mañana su visto bueno por unanimidad al nuevo reglamento de uso de las instalaciones deportivas del Patronato Deportivo Municipal de Gijón, que por primera vez contempla sanciones económicas para quien incurra en «conductas y actitudes no acordes» con la normal utilización de estos espacios. La normativa afecta a 89 equipamientos de titularidad municipal, desde boleras, piscinas y pabellones deportivos, hasta el estadio de El Molinón.

El reglamento establece tres categorías de infracciones. Entre las leves, que pueden conllevar multas de 50 a 750 euros y la privación del derecho de uso de las instalaciones durante un periodo de un día a un mes, se incluyen acceder sin carné o documento habilitante o utilizarlas sin haber abonado el precio público correspondiente; exceder el tiempo de reserva, impidiendo su uso por otras personas, o la ausencia reiterada y no justificada en instalaciones reservadas; fumar en el recinto; usar las taquillas para usos diferentes a la práctica deportiva o no dejarlas libres al finalizar la actividad; acceder a las instalaciones con calzado o vestuario inapropiado; en las piscinas, no usar gorro, no ducharse antes de entrar, bañarse con enfermedades o heridas, desperdiciar el agua de la ducha o empujarse, saltar y jugar, si molesta a otros usuarios o supone un riesgo de accidente; no comunicar al personal las anomalías, roturas o deficiencias detectadas en las instalaciones; y cualquier deterioro de equipamientos, infraestructuras y elementos muebles o inmuebles, cuando el coste de su reparación sea como máximo de 600 euros.

Como infracciones graves, sancionables con entre 750 y 1.500 euros y de un mes a un año de expulsión, constan el maltrato al personal, a otros usuarios o «cualquier perturbación relevante de la convivencia» cuando no alcance el carácter de «muy grave»; impedir el uso de las instalaciones a otros usuarios con derecho a ello; usar las instalaciones sin carné de forma reiterada; introducir animales u objetos prohibidos por la normativa; verter líquidos o sustancias en el agua de las piscinas que produzcan una alteración grave en su calidad; bañarse con enfermedades o heridas graves; no atender las instrucciones del personal de socorrismo o de servicio; los daños en equipamientos, infraestructuras e instalaciones por valor de entre 600 y 1.500 euros; y la acumulación de tres faltas leves.

Las infracciones muy graves podrán multarse con entre 1.500 y 3.000 euros y la prohibición de uso de las instalaciones municipales de uno a tres años. Se encuentran entre ellas el maltrato al personal u otros usuarios o cualquier perturbación «relevante» de la convivencia que afecte de manera «grave, inmediata y directa» a la tranquilidad de las instalaciones, así como cuando afecte a menores y personas con movilidad reducida o cuando se utilice la violencia sin llegar a constituir una infracción penal; provocar falsas alarmas o revueltas en los recintos; impedir a menores o personas con movilidad reducida el uso de las instalaciones, o hacerlo a cualquier otro usuario utilizando la violencia; impedir el ejercicio de «derechos legítimos» de otros usuarios; la obstrucción «grave y relevante» al normal funcionamiento del servicio; los robos, destrozos o desperfectos que afecten a elementos necesarios para el plan de emergencia y evacuación (alarmas, chalecos, extintores, carteles, etcétera); el incumplimiento de la normativa de seguridad de las instalaciones; adoptar actitudes de acoso físico, moral o sexual «que puedan ser calificadas como muy graves, siempre que no constituyan infracción penal», los actos de deterioro «grave o relevnte» de equipamientos, infraestructuras e instalaciones muebles e inmuebles, cuyo coste de reparación supere los 1.500 euros; y, como incorporación durante la fase de enmiendas, «incitar a actitudes violentas, machistas, racistas, sexistas, homofóbicas y transfóbicas tanto en los terrenos de juego como en las gradas».

En el texto que estaba hoy sobre la mesa se incluía como admitida una enmienda de Xixón Sí Puede para prohibir el acceso «a toda persona identificada como perteneciente a cualquier grupo ultra o de seguidores radicales». No obstante, durante la comisión se pusieron de manifiesto las dificultades que conllevaría su aplicación, tanto desde el punto de vista jurídico como por la descarga de responsabilidad que se hacía sobre los trabajadores municipales, pues se dejaba a su criterio la interpretación de quién incurría en esa situación. Para salvar este problema, se acordó que la redacción se limite a hacer referencia a la normativa estatal, y en concreto al artículo 6 de la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que prohíbe introducir en los recintos deportivos «pancartas, banderas, símbolos u otras señales con mensajes que inciten a la violencia o en cuya virtud una persona o grupo de ellas sea amenazada, insultada o vejada por razón de su origen racial o étnico, su religión o convicciones, su discapacidad, edad, sexo o la orientación sexual», incurrir «en conductas violentas, racistas, xenófobas o intolerantes» o acceder «bajo los efectos de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas».

Otro cambio de última hora ha sido la admisión de una enmienda de Ciudadanos para que se permita utilizar las taquillas y vestuarios de las piscinas y gimnasios a gente que no llega a usar las instalaciones, pero necesita un espacio para cambiarse y dejar la ropa mientras practica deporte en el exterior. El tiempo de ocupación de las taquillas estará limitado a 120 minutos.

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