Apta comienza a aplicar un nuevo ERTE a toda la plantilla que durará cuatro años

Trabajador de Apta en el centro especial de empleo. / PALOMA UCHA
Trabajador de Apta en el centro especial de empleo. / PALOMA UCHA

La medida se consensuó con los sindicatos y se explicó en reuniones particulares con los empleados de todas las líneas de producción

A. COLLADO GIJÓN.

El centro especial de empleo de Apta comenzó ayer a aplicar un nuevo expediente de regulación temporal de empleo que afectará a toda la plantilla durante los próximos cuatro años. El número de trabajadores regulado dependerá, según explicó Joaquín Fernández Bárcena, el presidente de la Asociación de Padres y Tutores de Antiguos Alumnos del Sanatorio Marítimo, de la carga de trabajo que registre la empresa en cada momento. Pero se calcula que de los 180 puestos de trabajo se mantengan de forma continuada unos 110.

La medida, defendió, «ha sido absolutamente consensuada» y aprobada «por unanimidad» tras la negociación con los representantes sindicales de los trabajadores. Además, se celebraron reuniones con los empleados de todas las líneas de producción, con el objetivo de dar a conocer los detalles del expediente. Y el sábado se informó a los socios en la junta anual de la situación y del ERTE que finalmente se ha puesto este lunes en marcha. Durante el fin de semana, toda la plantilla había recibido una carta informativa.

Pasan, de este modo, a ser 70 los miembros de la plantilla que no trabajarán en el centro. 51 ya estaban regulados y, de ellos, a 21 se les ocupa de forma rotatoria -cada seis meses-, gracias al convenio municipal aprobado a mediados del pasado mes de diciembre.

Hace escasos dos meses se aprobó por vía urgencia, con el apoyo de Foro y PP, una modificación de las cuentas de Servicios Sociales para desviar 1,1 millones de la renta social a otros destinos: 845.000 euros fueron para el servicio de ayuda a domicilio y los 190.000 restantes para la renovación del convenio con Apta, una de las entidades cuyo acuerdo estaba en el alero con motivo de la prórroga presupuestaria. La continuidad del proyecto formativo sacado adelante gracias a la ayuda del Consistorio quedó asegurada, pero la decisión no estuvo exenta de polémica, ya que la Unión de Comerciantes del Principado reclamó por escrito a los seis grupos municipales la restitución de los 1.115.000 euros que la Fundación Municipal de Servicios Sociales decidió detraer de la renta social.