Arquitectos y vecinos reclaman un plan para evitar la degradación del barrio de Cimavilla

Arquitectos y vecinos reclaman un plan para evitar la degradación del barrio de Cimavilla
Los vecinos afectados Julio Marcos, Javier Cayado, Rosario García Pidal y el presidente de la asociación de vecinos 'Gigia', Sergio Álvarez, frente al edificio derruido. / PALOMA UCHA

Fernando Couto plantea poner en marcha una oficina de ejecuciones subsidiarias

EUGENIA GARCÍA GIJÓN.

Cimavilla necesita un plan para revitalizar el barrio y proteger sus viviendas de la degradación. Así lo aseguran el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias y los vecinos, quienes apuntan que la supervivencia del casco histórico de la ciudad, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), precisa de un programa de regeneración que tenga en cuenta sus características específicas y lo haga más atractivo de cara a atraer más habitantes que garanticen el uso continuado de sus edificios. Solo así, defienden, se puede evitar su deterioro.

El derrumbe, durante la madrugada del pasado domingo, del número 5 de la calle Tránsito de Atocha, ha vuelto a poner sobre la mesa la situación de las casas antiguas y el mal estado del barrio alto, que precisamente por tener la mayor concentración de construcciones centenarias de la ciudad da periódicamente algún susto en forma de desmoronamiento. Este desplome trae a la memoria el acaecido en el año 2003, cuando se vino abajo un inmueble de la calle Remedios.

La supervisión de los edificios deteriorados «es una reclamación histórica», asegura Sergio Álvarez, presidente de la Asociación de Vecinos Gigia, sobre la cual la entidad volvió a hacer hincapié hace dos años y medio. Fue entonces cuando comenzó a trabajar en el Plan de Dinamización de Cimavilla, un documento en el que pedían la rehabilitación de viviendas públicas desocupadas y su adjudicación en régimen de alquiler a nuevos inquilinos. «En esta ocasión no hemos tenido que lamentar daños personales, pero creo que al cumplirse lo que vaticinábamos es momento para que de una vez por todas nos sentemos y hablemos acerca de la problemática del barrio», urge.

«No es necesario gastar 15 millones de euros en reurbanizar el área», matizan los urbanistas

Por su parte, el Colegio de Arquitectos recordaba que «el abandono y falta de uso» es la causa primera del deterioro de cualquier edificio. «Es normal que en un inmueble vacío acabe pasando algo. Normalmente, en los bloques habitados se detectan y resuelven a tiempo las patologías», apuntó el secretario del Colegio, Marcos de Balbín.

La 'ITV de los edificios' de más de 35 años o catalogados, asegura, «servirá para tener un poco más de control sobre lo que hay, pero no tiene por qué resolver todos los problemas de seguridad, pues se trata de una inspección visual y superficial en la que algunas patologías estructurales ocultas podrían no detectarse».

Para el grupo de trabajo 'Hablemos de Gijón' del Colegio de Arquitectos, el porqué de esta falta de uso que propicia los derrumbes en Cimavilla reside en el carácter aislado del barrio, «un caso especial» dentro del urbanismo de la ciudad. «Es un itsmo». Pero, además, tiene «menos servicios y es sede de actividades lúdicas y molestas». Todas esas cuestiones, apuntan, impiden su funcionamiento «normal» y evitan la «diversificación de actividades» que requiere una zona urbana para funcionar bien.

Plan de Movilidad

Según los urbanistas, el de la diversificación de usos es «el gran problema a resolver», una cuestión que, en su opinión, no solucionará la reurbanización y peatonalización de esta parte de la ciudad que se plantea en el nuevo Plan de Movilidad. «Cimavilla no es un lugar de paso y gastar 15 millones de euros en reurbanizarlo no solucionará nada». Las prioridades deberían ser «terminar de regular las actividades molestas y determinar qué servicios y dotaciones faltan para hacer la zona más agradable».

Tabacalera, «que en su momento era un foco de actividad importante, es ahora una oportunidad», apunta De Balbín. «Hay que implicar a la sociedad gijonesa para conseguir hacer allí actividades que atraigan a los ciudadanos y conviertan esta parte de la ciudad en un espacio vivo». En definitiva, los arquitectos consideran que «el Ayuntamiento debería hacer un análisis de los servicios, actividades y funcionamiento del barrio para atender sus necesidades y elaborar un plan de regeneración destinado a conseguir que sea más atractivo para vivir».

Una de las peculiaridades del barrio que afecta directamente a la conservación de sus edificios es la catalogación del conjunto histórico como Bien de Interés Cultural desde 1975. «De alguna manera, el que el conjunto esté protegido por su valor singular supone una restricción de los derechos de los propietarios». «El tener un edificio patrimonial no debería suponer una carga en cuanto a trámites burocráticos y tendría que ir acompañado de alguna bonificación», defienden tanto arquitectos como vecinos.

Mayor presión

Estos últimos se reunirán esta tarde con la alcaldesa para tratar el derrumbe y evaluar el estado de los veinte edificios y solares en aparente estado de abandono cuyo mantenimiento es responsabilidad de los propietarios. Para prever nuevos incidentes, el Ayuntamiento estudia redoblar la presión sobre los titulares de edificios en estado de deterioro. Aumentarán las sanciones coercitivas, que pasarían a ser de 1.500 euros el primer aviso y de 3.000 y 6.000 en los sucesivos. Además, el portavoz de gobierno local, Fernando Couto, planteó durante la reunión de ayer de la Comisión de Urbanismo crear una oficina de ejecución subsidiaria para aquellos casos en los que el titular no atienda los requerimientos.

Respecto a los inmuebles de titularidad pública que el Principado tiene en el barrio, al menos catorce, la Consejería de Bienestar Social señaló ayer a EL COMERCIO que en el último año y medio «se han llevado a cabo actuaciones por importe de 80.745 euros». Esta legislatura, precisó, «no se ha recibido ningún requerimiento municipal por motivos de seguridad o salubridad, pero en el caso de que lo hubiese en el futuro se atendería, cumpliendo con el deber que corresponde a todo propietario».

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