La asesoría jurídica municipal demanda más medios materiales y personales

A pesar de ello, hace un balance de la función contenciosa desde 2017 hasta el 2022. En ese periodo de tiempo han disminuido en un 25% los procesos judiciales iniciados. Se pasó de 396 a 294. De todas formas, es una cifra muy inestable si se observa la serie histórica. Se podría pensar que con el gobierno del PSOE ha bajado respecto al anterior de Foro, pero sería una conclusión relativamente engañosa. Todos los datos del actual equipo de gobierno han sido mejores, con la salvedad de 2019 (cuando se celebraron las elecciones), pero también es cierto que ha sido un mandato marcado por la pandemia. Se ve claramente con la cifra de litigios de 2020, que caen hasta los 246. En 2019 habían sido 400. Se explica en la memoria: «El descenso significativo está motivado por la suspensión de la actividad jurisdiccional a consecuencia de la declaración del estado de alarma y por la disminución paulatina de la litigiosidad en el ámbito social». Para contrarrestar que pudiera darse una conclusión errónea, el informe incluye un análisis estadístico de la ratio mensual. En 2019 fue de 33,33 procedimientos y en 2020, de 20,41.

Respecto al tipo de procedimientos judiciales tampoco es que se puedan sacar conclusiones. Los civiles han ido fluctuando, en los mercantiles sí ha habido una clara disminución (8 de 2017 a 1 de 2022), los penales pasan 14 a 32, por poner ejemplos. En los que interviene el Ayuntamiento de estos últimos se corresponden fundamentalmente –según se explica en la memoria– «con la reclamación de daños ocasionados a bienes y elementos municipales en la vía pública con ocasión de accidentes de tráfico, y en el ámbito de la Jurisdicción contable a sendos procedimientos en ejercicio de acción pública contra la contabilidad de los grupos municipales».

El documento también dedica un capítulo a los procedimientos judiciales con mayor «relevancia social» (así los define la asesoría jurídica). Solo hay tres estimados: el de Stop Muro sobre la peatonalización del Muro, y los de Foro y Pablo González (PP) sobre la impugnación de la ordenanza de Movilidad figuran como estimados y en recurso de casación. El resto fueron desestimados e incluso inadmitidos, como son los dos del Grupo Covadonga sobre los pliegos de contratación para la renaturalización del Piles y la asistencia técnica correspondiente. También se quedaron fuera los de la ITV de Granda, los de la colonia El Pisón y el de la prórroga de la concesión de la plaza de toros.

El informe también incluye un capítulo de reivindicación de medios materiales y personales. Se deja claro que «la dotación de dos puestos de trabajo para el personal de gestión y apoyo administrativo se ha relevado insuficiente con acumulación de tareas y dificultad de mantenimiento del trabajo al día».

Lo más significativo en el número de procedimientos judiciales iniciados por materias es la caída de la liquidación de las plusvalías, de 60 en el año 2020 a las 35 de 2022. Aún así, el dato en bruto, siguen ocupando el ranking de litigiosidad, seguido de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial y en tercer lugar en materia de personal, teniendo en cuenta en este caso los procedimientos de ámbito social. Uno de los aumentos más significativos en ese periodo (2020 a 2022) es el de las sanciones de tráfico, que ha pasado de 14 a 32. Las sanciones de urbanismo, que mantenían su casillero a cero, contabilizaron tres litigios en 2022. Las de licencia y disciplina también casi se doblaron, de 8 a 14 en dos años.