La asociación de voluntarios de Proteccion Civil reclama 183.700 euros al Ayuntamiento de Gijón

Bernardo Canga. / DAMIÁN ARIENZA
Bernardo Canga. / DAMIÁN ARIENZA

El antiguo jefe honorario, Bernardo Canga, y Vaema han interpuesto una demanda en los juzgados de Gijón para la reposición del antiguo convenio

A. COLLADO GIJÓN.

Tanto el que fuera su jefe honorario, Bernardo Canga, como la Agrupación Municipal de Voluntarios de Gijón continúan en su empeño de explorar todas las vías judiciales posibles. Su letrado, Marcelino Abraira, informó ayer de que el lunes se interpuso una demanda contra el Ayuntamiento ante el juzgado de lo contencioso administrativo, en relación al convenio de colaboración renovado por última vez en el año 2016, en el que se les encomendaba el desarrollo de las actividades en materia de Protección Civil. Labor que desarrollaron hasta que Seguridad Ciudadana decidió asumir el servicio. Ahora, reclaman al Consistorio un total de 183.745 euros.

Por una parte, se pide al juez la reposición inmediata de Vaema, en las mismas condiciones que tenía «antes de su expulsión unilateral y arbitraria», además del abono de las cantidades pendientes en los términos entonces acordados, que ascienden en el ejercicio 2016 a la suma de 14.309,15 euros, más los intereses legales.

Por otro lado, se solicitan 75.533,33 euros por los servicios efectivos prestados hasta que fueron cesados «y que están justificados», es decir, hasta el mes de agosto de 2017. Y también reclaman 89.695,83 euros, por los daños y perjuicios causados por la que consideran una «resolución irregular del convenio» y que abarcaría 19 meses, desde septiembre de 2017 hasta marzo de 2019. Asimismo, se exige el pago de 4.206,51 euros mensuales a partir de abril de 2019, «hasta que se efectúe una extinción del convenio, en su caso, en legal forma».

Por último, la demanda recoge la reposición del título de honorario jefe de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Gijón al presidente de Vaema, Bernardo Canga, «del que ha sido despojado sin justificación alguna por la alcaldesa, infringiendo sus derechos constitucionales, con reparación pública del daño de su buen nombre».

La reclamación se fundamenta, defiende Abraira, «en la actuación arbitraria y unilateral del Ayuntamiento, al incumplir los pactos acordados en el convenio, además de no haber seguido los trámites legales para instar su resolución-rescisión o, en su caso, anulación, realizando actuaciones contrarias a la buena fe y a sus propios actos».

Siendo así, añade la demanda, «el Ayuntamiento de Gijón, sin acto administrativo que lo ampare, ha tomado una decisión arbitraria de dar por finalizado el convenio de colaboración suscrito con fecha 11 de Mayo de 2016». Y, según señala, esto supone, «en la práctica, una renovación del convenio»

El texto ahonda en la retirada del cargo honorario al exjefe de Protección Civil, Bernardo Canga, «de manera unilateral, sin oírle previamente y sin preaviso de tipo alguno, sin que su carga fuera de libre designación», algo que califican de «discriminatorio, arbitrario y contrario a la presunción de inocencia». Su cese tal y como aconteció, amplía, «parte del principio de culpabilidad, antes de darle la oportunidad de defenderse».

El informe por el que se emite el oficio que se alega, dicen, «es arbitrario, sesgado y subjetivo», ya que se fundamenta en unas estimaciones, en su opinión, «del todo arbitrarias, al considerar como servicios subvencionables los que estiman adecuados, desechando otros muchos y usando técnicas de valoración igualmente subjetivas y no fijadas anticipadamente ni reflejadas en el convenio».

Para el juicio han solicitado la citación, entre otros, de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón; el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio; la interventora municipal, Belén Grana, y el exjefe de Bomberos, Francisco García.