La Audiencia Nacional pide a los imputados en el 'caso Musel' que presenten sus escritos de defensa

Las personas encausadas son las mismas que había incluido el Ministerio Fiscal en su escrito de septiembre pasado, es decir, Ana Dizy Menéndez, David López Navarrete, Eloy Domínguez Adame Bozzano, Fernando Menéndez Rexach, Fernando Palao Taboada, Francisco Javier Lázaro Estarta, Francisco José García Martín, Javier Hidalgo González, Jesús Fernando Pérez de Velasco, Joaquín Jiménez López, José Luis Díaz Rato, José María López Piñol, Juan Ernesto Pérez Moreno, Juan Miguel Pérez Rodríguez, Luis Jesús Sánchez del Río Fernández de Muniain, Manuel Amaro Martínez Díez, Mariano Navas Gutiérrez, Maximino Gorostiza Méndez, Octavio del Real Sánchez, Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas y Vicente Moscardó Basaras.

Los cuatro acusados que enfrentan mayores penas son quienes ocupaban cargos públicos durante las obras de construcción de la ampliación de El Musel, es decir, Fernando Menéndez Rexach, expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, para quien se solicitan tres años de prisión y 25 de inhabilitación por un delito de fraude y dos de prevaricación administrativa; José Luis Díaz Rato, exdirector del Puerto, con tres años de prisión y 18 de inhabilitación por un delito de fraude y como cooperador necesario en otro de prevaricación, y Fernando Palao Taboada, entonces secretario de Estado de Transportes, y Mariano Navas Gutiérrez, expresidente de Puertos del Estado, con tres años de prisión y nueve de inhabilitación para cada uno por un delito de fraude.

Para el resto de los encausados, que en su momento fueron responsables de las empresas que participaron en la UTE Dique Torres y que se encargó de la ejecución de las obras, el Ministerio Fiscal pide penas de dos años de prisión y nueve de inhabilitación como cooperadores necesarios en un delito de fraude.

Pero no se queda todo ahí, pues a Menéndez Rexach también se le solicita el pago de 8,3 millones de euros más intereses, en concepto de indemnización a José Prendes, que actúa en el caso en representación de la Asociación de Vecinos del Alto Aboño por la expropiación de terrenos de dicha parroquia de Carreño para utilizarlos como rellenos en la ampliación portuaria. El fiscal ya consideraba en su escrito a la Autoridad Portuaria de Gijón como responsable civil subsidiario en este asunto Por su lado, también se asume la petición de la Fiscalía sobre la responsabilidad subsidiaria de Tudela Veguín por si hubiera resultado beneficiaria a título lucrativo de los posibles delitos de los acusados.

La Audiencia Nacional ya ha decretado la apertura de juicio oral para esclarecer si, finalmente, hubo responsabilidades penales en la ejecución de una obra que supuso un sobrecoste inicial de 250,9 millones de euros, si bien esa cantidad se redujo a 123,4 millones una vez certificados los trabajos por la Autoridad Portuaria de Gijón. Hay que recordar que el Puerto abonó por la ampliación 623,4 millones de euros, 93 menos que los previstos en la modificación del contrato firmada con la UTE.