El Ayuntamiento se afana en ajustar su gasto para evitar un nuevo incumplimiento

Reforma de una fachada en el Muro. Estas ayudas son uno de los gastos que se están controlando. / A. GARCÍA
Reforma de una fachada en el Muro. Estas ayudas son uno de los gastos que se están controlando. / A. GARCÍA

La Concejalía de Hacienda está trabajando «partida a partida» para atenerse a la ley de estabilidad

IVÁN VILLAR GIJÓN.

Al tiempo que trabaja en la redacción del decreto que prorrogará por segundo año consecutivo los presupuestos municipales, después de que el equipo de gobierno optara por retirar su proyecto para 2019 ante la falta de apoyos, los responsables del área económica del Ayuntamiento se afanan estos días en ajustar el cierre del ejercicio contable, para intentar evitar una nueva superación de la regla de gasto como la que hace un año obligó a elaborar un plan económico y financiero. Recientemente, la administración municipal ha remitido al Ministerio de Hacienda sus estimaciones sobre cuál será el grado de cumplimiento a 31 de diciembre, consciente de que «es importante» no incurrir en la misma situación que en 2017, cuando se superó el tope legal en 4,5 millones de euros. Ese exceso se achacó principalmente a la incorporación de fondos del remanente de la Fundación de Servicios Sociales para las convocatorias de la renta social municipal, que lastraron el cumplimiento global del límite de gasto del Ayuntamiento.

Según señalaron fuentes de la Concejalía de Hacienda, a medida que se acerca el final del año es necesario incrementar el control «partida a partida», dado los escasos márgenes de cumplimiento con los que se trabaja. «Trabajamos para cumplir con la regla de gasto», remarcan. Son varios los factores que pueden hacer que el Consistorio se acerque más o menos al límite que marca la normativa estatal, y que en el caso de Gijón está fijado para este año en 210,5 millones de euros para todo el grupo Ayuntamiento, esto es, la institución principal, sus organismos autónomos (fundaciones y patronato deportivo) y varias de las empresas municipales sometidas al cumplimiento de la ley de estabilidad.

Desde Hacienda ponen como ejemplo de los «movimientos» de última hora que pueden inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro el pago de las ayudas previstas en el Fondo de Acción Social -becas para los hijos de los trabajadores públicos, ayudas por minusvalía, etcétera- que los sindicatos reclaman en cumplimiento del convenio colectivo municipal o el abono de subvenciones para la rehabilitación de fachadas y la supresión de barreras arquitectónicas. Sobre este último programa, las mismas fuentes aseguran que «hay algunos expedientes que ya cuentan con un informe positivo, pero para los que estamos pendientes del margen de cumplimiento». Ya en 2017, ante el previsible incumplimiento de la regla de gasto, el Ayuntamiento pospuso el pago de varios expedientes de fachadas, para que computaran en el siguiente ejercicio presupuestario. A la postre se comprobó que no era suficiente.

Retenciones de crédito

Pese a los trabajos sobre estimaciones, hasta febrero el Consistorio no tuvo un primer avance del cierre presupuestario en el que se constataba la superación del tope legal. Aunque en un principio se cifró el exceso en 5,5 millones de euros, el expediente definitivo rebajó la cifra en un millón de euros, ratificando en cualquier caso el incumplimiento. El Ayuntamiento fue obligado entonces a elaborar un plan económico y financiero que detallara todos los gastos previstos tanto en 2018 como en 2019 para evitar nuevas superaciones.

El documento no logró el visto bueno del Pleno. Tampoco lo tuvo, meses después, una declaración de no disponibilidad y retenciones de crédito que pretendía reducir en 2,2 millones de euros varias partidas presupuestarias, para evitar que se pudieran agotar en su totalidad. Pese a ello, a lo largo del año se han constatado ahorros con respecto al presupuesto en líneas como las ayudas a la Cooperación o la renta social. Los estrechos márgenes en los que se mueve el Ayuntamiento hace que se pospongan algunos pagos, como el de una sentencia que obliga a indemnizar a una arquitecta con 10.000 euros por los trabajos realizados para la administración municipal.

 

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