El 'banco malo' impugna ante el juez la valoración concursal de las fincas de la Ería del Piles

El 'banco malo' ha remitido al juzgado burgalés tasaciones del activo, de diferentes periodos, que fijan el valor de ese suelo en primera línea de playa en doce millones de euros. Esto es, cuatro veces más que lo reflejado por el gestor concursal valenciano en su informe. Ante dicha discrepancia, la entidad ha solicitado al juez que, con vistas al plan de liquidación que tiene que aprobar y a la previsible enajenación de estas fincas, resuelva antes sobre el precio de estas parcelas.

El más que dudoso cobro de los préstamos hipotecarios concedidos para el proyecto empresarial de la Ería del Piles llevó a que Liberbank traspasara íntegramente al 'banco malo' los créditos hipotecarios concedidos a partir de 2007, con garantía sobre las diez fincas que poseía Astur Promotora en la Ería del Piles. La deuda de Astur Promotora con la Sareb derivada de esas hipotecas transferidas de Liberbank se eleva, según fuentes de la entidad, a 22 millones entre deuda principal e intereses.

Sin embargo, la Sareb, con el planteamiento del gestor concursal, solo tendría privilegio para cobrar 3,6 millones de euros procedentes de la venta de estos terrenos (2,5 millones del 90% de la tasación de las fincas de Astur Promotora, según establece la legislación concursal, y 1,1 millones por una garantía prendaria sobre las mismas). La deuda con el Sabadell, entidad que concedió a Astur Promotora dos créditos en julio de 2008 con garantía hipotecaria sobre las diez fincas, asciende a más de 22 millones. Sin embargo, solo tendría privilegios para cobrar 2,58 millones de euros procedentes de la venta de estas fincas.

El informe elaborado por el administrador concursal señala cuáles fueron, a su juicio, los motivos por los que Astur Promotora no pudo sacar adelante las cuatro promociones que dejó pendientes antes de declararse su disolución. Dos en Gijón (Contrueces y Ería del Piles), Oviedo y Siero. Respecto al complejo de ocio en el PERI-100, con proyecto aprobado en el Ayuntamiento y contratos de reserva con una cadena de supermercados y otra de comida rápida, el informe señala que el resultado fue la imposibilidad de ejecución por la anulación del PGO.