La Sareb da un ultimátum a los vecinos del «bloque en lucha» de Contrueces, en Gijón, para presentar un plan de pagos en diez días

Los vecinos del «bloque en lucha» de Río Piloña número 3, en el barrio de Contrueces, propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), han recibido un burofax de esta última, con fecha del pasado martes, en el que les exige un plan de pagos en el plazo de diez días naturales en concepto de rentas atrasadas desde que el llamado 'banco malo' se hizo cargo del edificio en 2021.

Según la información facilitada por los vecinos, la deuda reclamada asciende a 20.000 euros por vecino, «bajo amenaza de continuar con las acciones legales que correspondan para resolver la actual situación», al objeto de recuperar la posesión de estas viviendas.

A este respecto, han sostenido que tanto los motivos por los cuales se genera esta deuda, así como su exigencia, «no tiene ningún sentido».

«No se puede cobrar al no haber relación contractual que justifique la generación de una deuda, pues no hay contrato firmado entre los vecinos y la Sareb ni una subrogación de los mismos», han argumentado.

Sobre este asunto, han incidido en que los juzgados declararon «inválidos» los contratos, por lo que consideran que no se pueden exigir rentas de un contrato inválido.

En este sentido, han remarcado que la relación contractual de los vecinos era únicamente con la constructora, a la que, según los vecinos, sí se le pagó las rentas mensualmente, incluso con posterioridad a la llegada de la Sareb.

Al tiempo, han hecho referencia a dos sentencias del Tribunal Supremo, una del 1 de marzo de 2021 y otra del 4 de noviembre de 2020, afirma que a «los inquilinos en precario, resultados tras la extinción del contrato, no se les pueden cobrar rentas de un subsistente contrato».

Para los vecinos, la Sareb se escuda en la subrogación de los contratos por ese motivo, a lo que han recalcado en que se trata de una decisión «unilateral», ya que ellos no han subrogado ningún contrato ofertado.

Unido a ello, han recordado que en el Debate General de Orientación Política, celebrado en la Junta General del Principado de Asturias, los partidos de Gobierno (FSA - Convocatoria) votaron a favor de una propuesta de Somos Asturies, instando al Consejo de Gobierno a mediar en su caso hasta la resolución del conflicto para evitar que las familias sean desahuciadas. Por este motivo, ven preciso actuar «con celeridad» para evitar ver en diez días el anuncio del lanzamiento.

Por parte de la Sareb, en cambio, en el burofax remitido se justifica que el Juzgado les dio la razón en cuanto a que los ocupantes de las viviendas no tenían derecho a permanecer en las mismas, si bien se intentó llegar a un acuerdo con los afectados consistente en el pago de las rentas de alquiler correspondientes.

En esta misma línea, se indica que fueron varios los intentos de comunicación con los vecinos, incluido otro burofax, del pasado abril, donde se informaba de la subrogación de los contratos de arrendamiento y del número de cuenta donde debían abonarse los alquileres.

Una reclamación de deudas que volvió a exigir a través de un nuevo burofax, en junio pasado, donde se advertía de que, de no pagar o tener noticias para negociar un plan de pagos, continuarían con las acciones legales de la Ejecución Hipotecaria.

Desde la Sareb informaron este jueves que han hecho "un último llamamiento a la colaboración de los vecinos de Río Piloña (Gijón), a los que está ofreciendo soluciones personalizadas, que persiguen la regularización de su situación". "De no hacerlo", advierten, "la compañía se verá en la obligación de seguir adelante con el procedimiento judicial para recuperar la posesión de esas viviendas y traspasarlas a la nueva empresa pública de la vivienda con el fin de que puedan ser destinadas a alquiler asequible para familias que cumplan con los criterios establecidos por dicha empresa".

Hasta la fecha, Sareb indicó a EL COMERCIO que "ya ha firmado tres alquileres sociales con familias que han acreditado su vulnerabilidad y con ello, han podido regularizar su situación en las viviendas garantizando su permanencia en ellas".

Además, ha ofrecido "la posibilidad de firmar contratos sociales similares a otras cuatro familias vulnerables que residen en esta promoción sin que éstas se hayan adherido de momento al Programa de Vivienda Social de la compañía.

"En el caso de otras siete viviendas en las que residen vecinos no vulnerables, Sareb les ha ofrecido subrogarse a su contrato de alquiler con la misma cuantía que pagaban a la empresa que los llevó a esta situación de irregularidad en las viviendas. En todos los casos, se trata de una cuantía de alquiler inferior a la establecida en el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda. Si estas familias no aceptan dicha propuesta, Sareb seguirá adelante con el procedimiento judicial para recuperar la posesión de esas viviendas".

El Programa de Alquiler Social de Sareb supone la firma de un contrato de alquiler social sujeto a la LAU, por un plazo de 7 años y cuya renta mensual se limita al 30% de los ingresos familiares. El Programa incluye la participación en un Plan de Acompañamiento Social apoyado en gestores especializados cuya finalidad es mejorar a futuro la situación de las familias. Asimismo, pueden entrar a formar parte de un Programa de Inserción Laboral. Se trata de una solución que ya beneficia a más de 9.000 familias vulnerables en España.

La sociedad informa que las viviendas vacías que tiene Sareb en los dos bloques de esta promoción van a ser traspasadas a la nueva empresa pública de la vivienda, siguiendo los parámetros establecidos por el BOE el pasado mes de julio. Esa nueva empresa será la que determine las condiciones y criterios para poder acceder a un alquiler asequible en dicha promoción.

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