Canga pide a la Fiscalía que investigue al Ayuntamiento

Señalan que se encuentran «en un estado de indefensión» y aluden al «informe presentado por Intervención, la Policía Local y bomberos, al que no hemos tenido acceso y por lo tanto no podemos defendernos». «Ese informe, al parecer, recoge facturas antiguas que fueron autorizadas por el propio concejal, por lo que no entendemos que ahora se señalen como supuestas anomalías», señaló el exvoluntario Javier Cortina.

Será ahora el ministerio fiscal, una vez analizada la documentación presentada, la que determine si existen indicios de delito en la actuación del Gobierno local.

En el informe presentado por el equipo de Gobierno a los grupos municipales en la comisión especial de Protección Civil, solicitada después de que se decidiese hace dos meses asumir la gestión directa, se recogen numerosos tickets de gastos «fuera del concejo no autorizados debidamente», como, por ejemplo, comidas en restaurantes y peajes. La agrupación de voluntarios de Protección Civil se circunscribe al concejo de Gijón, salvo excepciones en las que, previa autorización municipal, pueden desplazarse como apoyo en un evento especial. Entre los «gastos que por naturaleza no serían subvencionables al no estar relacionados con la actividad objeto de la subvención», están las continuas compras en unos grandes almacenes de la calle de Ramón Areces, gastos en confiterías, floristerías, funerarias, mercerías o jardinería. En referencia al último ámbito, Vaema, empresa que gestionaba el voluntariado, presentó en febrero de 2009 facturas por importe de unos 1.200 euros relativas, supuestamente, a material de señalización. Intervención especifica que «la señalización es únicamente competencia de la Policía Local».

En ese informe en el que se respalda la reciente municipalización del voluntariado, se detalla «el incumplimiento absoluto de tareas recomendadas relacionadas directamente con cometidos de Protección Civil dirigidos a la ciudadanía». Hace mención a «la no comunicación de servicios» y del «uso particular de bienes municipales».