Moriyón explicará el 'caso Enredadera' «pero no es una sola la que debe comparecer»

El 'caso Enredadera' marca la política municipal. La investigación la inició la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía, quien la confió al magistrado Pablo Jesús Alonso, del Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona. El instructor respaldó todas sus peticiones, lo que terminó con una redada en julio, con 600 efectivos irrumpiendo en más de 40 consistorios. Ninguna detención o registro se hizo en el Ayuntamiento de Gijón, al que tampoco se le han solicitado expedientes. Los 'pinchazos' telefónicos muestras, en cambio, a los empresarios tratando de prepararse para concursos de la ciudad.

De ello se hablará el jueves, en un Pleno en el que comparecerá el equipo de gobierno. «No sé por qué hay tanto asombro por poner que será el equipo», afirmó ayer la alcaldesa Carmen Moriyón. «Habrá varios turnos, y por eso se pone que comparecerá el equipo de gobierno; no es una sola persona la que tiene que comparecer, son varias», dijo. La alcaldesa «tiene la responsabilidad total», asumió. Eso implica que acepte «consejos, pero esta circunstancia me corresponde a mí decidirla, yo la dirijo y planteo».

El portavoz de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo, avanzó que su grupo preguntará «si, como se aprecia en las conversaciones, Francisco Álvarez-Cascos hizo de persona de contacto con gente del Ayuntamiento». El aludido reconoció haber tenido una relación «transparente y dentro del terreno mercantil» con Ángel Luis García, alias 'el Patatero', hoy detenido por el caso. Álvarez-Cascos matizó que rompió el vínculo en noviembre y que no tuvo «nada que ver con ningún asunto relacionado con el objeto de las investigaciones».

Del Fueyo agregó que también solicitará «que participe en la comisión de investigación» el comisario-jefe de la Policía Local, Alejandro Martínez Gallo. Tras leer sus explicaciones en una entrevista en EL COMERCIO, el edil reconoce que «no está imputado, no tiene nada judicial, pero hay una contradicción, y es que sabiendo quién era 'el Patatero' no se entiende cómo accede a comer con quien solo le puede dar problemas».

El tercer punto que cuestionará es la adjudicación de la atención a domicilio a Aralia, por 9,6 millones. La UDEF relaciona a uno de los empresarios de la supuesta trama con esta mercantil. La firma viene protagonizando una expansión nacional al menos desde 2014, a base de contener sus precios más que la competencia. En el caso de la atención domiciliaria, se benefició de que las dos empresas que llevaban el servicio rehusaron concursar, y que otras tres se retiraron. «No nos salían las cuentas», explica uno de los competidores.

Al final, la puja se limitó a Caser y Aralia. La primera sacó mejor valoración en la memoria técnica, pero la segunda le batió en el apartado económico. Sus honorarios eran un 8,7% más bajos y, sobre todo, prometió una agilidad notable.

Caser, la sexta empresa más grande del sector, dijo necesitar unas 26 horas y 24 minutos de margen para atender a cada nuevo usuario que le indique la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Aralia afirmó ser capaz de estar ahí en cuatro horas y cuatro minutos.

Pese a la desproporción de tiempos, la mesa de contratación dio por buena la promesa sin pedir aclaraciones y concedió a Aralia 8,52 puntos de ventaja en este capítulo. En el cómputo final la adjudicataria logró imponerse a su rival por 7,46 puntos de diferencia. Es decir, una expectativa que solo se comprobaría tras la firma del contrato determinó el resultado.