Los investigados piden archivar el 'caso El Musel' y niegan haber pactado la obra

Los abogados de la defensa son especialmente duros ante el hecho de que Lamela copiara parte del escrito previo del fiscal. Eso «trastoca el papel del juzgador instructor y del Ministerio Público», alegan los cuatro abogados de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Dique Torres, adjudicataria del encargo. «Limitarse a un 'copia y pega' del informe de la fiscalía, incluyendo todos sus errores y sin comprobación alguna, desvirtúa la función de dirección de la investigación criminal», abundan Viliulfo Díaz y Agustín Azparren, defensores de José Luis Díaz Rato y Fernando Menéndez Rexach, respectivamente. Entre las equivocaciones que todos afean estaría el hecho de que fiscal y magistrada traten en sus escritos de aplicar el Código Penal aprobado en 2015, que es posterior a las obras en discusión y más perjudicial para sus clientes.

Estos supuestos errores les llevan a concluir que el auto es «nulo de pleno derecho», tanto por hacer seguidismo del fiscal, como por presuntamente ignorar el resultado de la propia investigación. «El auto recoge en su relato una multiplicidad de cuestiones que, además de estar tergiversadas por el Ministerio Fiscal, carecen de trascendencia jurídico-penal», aseguran los letrados de los constructores. «Todo constituye una cortina de humo para enmascarar que la instrucción ha permitido descartar que hubiera una concertación entre la UTE Dique Torres y la Autoridad Portuaria de Gijón encaminada a defraudar el interés público», abundan.

En su relato de hechos, Lamela y el fiscal sitúan el origen de las irregularidades en la propia concepción de la ampliación. Según indican, el proyecto era discutido por los especialistas, al considerarlo sobredimensionado, pero sin embargo se habría precipitado sin los estudios adecuados para no perder la financiación europea que tenía asignada Asturias. A ello el abogado Viliulfo Díaz opone que la obra «no estuvo cuestionada en cuanto a su necesidad y conveniencia por quien debía llevarlo a cabo, esto es, la Administración General del Estado». La ampliación respondía a «las necesidades logísticas de la zona de influencia del puerto» que abarca a varias comunidades autonómicas.

El letrado que defiende al exdirector de El Musel José Luis Díaz Rato se apoya además en la argumentación que utilizó la propia Lamela para archivar la querella contra el almacén subterráneo de gas Castor. Como aquella, la ampliación de El Musel «no responde a una idea 'aislada ni peregrina' sino que se debió a una política previamente planeada desde el año 1999», expone.

Los letrados de Díaz Rato y el expresidente del puerto Menéndez Rexach llegan a sostener que del propio relato de los hechos que hace el fiscal no hay elementos suficientes para incriminar a sus clientes. En la línea de defensa de la UTE y del exsecretario de Estado Fernando Palao se añade, además, que los delitos que a ellos se reprochan estarían prescritos.

El ex alto cargo recuerda al respecto que hasta el 30 de junio de 2017 no fue llamado a declarar en la causa, para explicarse por una reunión en la que participó en marzo de 2006. Su letrado defiende que al haber pasado más de diez años cualquier delito que se le impute estaría prescrito. Además mantiene que Palao no tenía competencias, niega que en esa reunión hubiera obligado a Díaz Rato y Rexach a asumir el sobrecoste y, en último término, entiende que la versión de ambos no basta para procesarle.