El cambio de magistrado genera incertidumbre en el 'caso El Musel'

Y así fue. Se encargó la Fiscalía Anticorrupción y a los pocos meses se abrió la causa en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. El problema es que en este tiempo pasaron por dicho juzgado cuatro magistrados y ahora, que está próximo el momento en el que se decida si se abre juicio o no sobre el 'caso El Musel', deberá ser un quinto juez quien tenga que inclinar la balanza para uno u otro lado. Y todo ello sin haber seguido el procedimiento.

Antes de que llegara al caso la ahora mediática jueza Carmen Lamela, se habían ocupado de la instrucción Javier Gómez Bermúdez, Eloy Velasco y Juan Pablo González. Pero Lamela acaba de ser nombrada nueva magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en sustitución del José Manuel Maza, fallecido cuando ejercía como fiscal general del Estado. Ese nombramiento obligará a que sea designado un nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 3. Será el quinto en menos de cuatro años.

Se trata de una causa declarada compleja que acumula miles de folios de documentación y la declaración de todos los investigados -en varias ocasiones- y numerosos investigados. Además, aunque para la pieza principal de esta causa la jueza ya ha dictado el auto en el que propone el enjuiciamiento de 24 personas, no hay que olvidar que queda pendiente una pieza separada sobre el programa de ocio cultural 'A ver la ballena' y de la que apenas ha habido novedades en la Audiencia Nacional.

Pero, ¿cuál es la situación del procedimiento? Carmen Lamela emitió un auto en el propone la apertura de juicio contra 24 personas y sobreseerlo provisionalmente para otras siete. Los investigados son Fernando Menéndez Rexach, expresidente de El Musel; José Luis Díaz Rato, exdirector del puerto; Mariano Navas, exdirector de Puertos del Estado; Fernando Palao, exsecretario de Estado de Transportes, y José María Alcoba, abogado del Estado. También varios representantes de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Dique Torres, encargada de realizar la obra portuaria. Se trata de, por la empresa Dragados, Ana Isabel Dizy, Juan Ernesto Pérez, José María Pérez, Octavio del Real, Manuel Amaro Martínez, José Luis Sánchez del Río, Juan Miguel Pérez y David López; por FCC Construcción, Francisco García, Javier Hidalgo, Javier Lázaro, Rafael Martín, Joaquín Jiménez y Guillermo Castanedo; por la empresa Alvargonzález, Máximo Gorostiza; por SATO, Vicente Moscardó y Jesús Fernando Pérez, y por DRACE, Miguel Eguiagaray y Eloy Domínguez-Adame.

En cuanto a las personas sobre las que ha propuesto el sobreseimiento provisional, se trata del exalcalde de Carreño Ángel Riego, así como Elena Yágüez, Andrés Alonso, Moisés Santos, José Luis Saravia, José Antonio Muñiz y Avelino Castañón.

Ni que decir tiene que todas las defensas de los investigados han rechazado de plano las acusaciones de fraude y malversación presentadas tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por la propia jueza Carmen Lamela, que hizo suyas las tesis del ministerio público. Es más, achacaron a la magistrada que se limitara a un «corta y pega» del escrito presentado por el fiscal en la elaboración de su auto. Las defensas hablan también de «desafortunados» y «temerarios» juicios de valor por parte de la magistrada, así como que no se han tenido en cuenta multitud de pruebas aportadas por sus clientes. Ahora, un nuevo juez tendrá que decidir.