Un centenar de familias espera más de tres meses por una vivienda de emergencia social

Este servicio se implantó en Gijón, a propuesta del Principado, en junio de 2016, aunque sus bases reguladoras no se aprobaron hasta diciembre. Ahora, vive sus últimos días. Y es que su supresión fue aprobada por el Pleno el pasado 15 de febrero.

«Creo que apoyaron nuestra propuesta porque, al igual que nosotros, piensan que choca con lo que dicta el decreto», indicó Estefanía Puente, edil de Xixón Sí Puede sobre el apoyo del equipo de gobierno a su petición de poner fin al citado registro. Además, agregó que su formación esperará hasta el próximo consejo de administración de Emvisa, que se celebrará a mediados o finales de marzo, para comprobar que se cumple lo acordado por el Pleno. De hecho, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Asturias aseguró que hasta el martes de la semana pasada continuaban facilitando las hojas para inscribirse en el servicio. Estos registros, insiste Xixón Sí Puede, «van en contra de lo recogido en el Decreto 25/2013, pues incumplen el plazo máximo de tres meses de adjudicación de las viviendas de emergencia social». Al delegar en los ayuntamientos la tarea de decisión, «aumentan la carga de trabajo en los municipios que se ven sobrepasados y acaban incrementándose las listas de espera».

En Asturias, hay tres procedimientos para adjudicar viviendas sociales recogidos en el Decreto 23/2013: la convocatoria de sorteos, las de emergencia y las temporales por razones de urgencia. Para el segundo grupo, destinado a personas con ingresos bajos o en situación de desempleo que no dispongan de un domicilio donde residir, el Principado propuso en 2016 un sistema gestionado desde el ámbito local.

Fermín Bravo, director general de Vivienda, departamento integrado en la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, remitió a los ayuntamientos una guía básica en la que se explicaba dicho procedimiento. En el documento se invita a los municipios a crear dicho registro para «valorar, mediante un sistema objetivo y cuantificable, las solicitudes recibidas». El procedimiento original, regulado por el decreto, centraba la labor de decisión en el Principado y los ayuntamientos se limitaban a remitirle todas las solicitudes, acompañadas de un informe favorable o desfavorable, en un plazo máximo de dos meses. Posteriormente, la consejería tenía un mes más para emitir la resolución final de concesión o no de la vivienda.

Mediante la creación de estos registros locales, el Principado delega en los Ayuntamientos la labor de decisión, pues solamente los expedientes favorables y que cuenten con la puntuación más alta según el sistema de baremación municipal pasan a solicitar realmente una vivienda de emergencia social. El sistema otorga puntuación en base a distintos criterios como que el solicitante sea víctima de violencia de género, tenga una discapacidad o menores a su cargo.

«Cada municipio formará una comisión de valoración que analizará las solicitudes que estén en vigor de su propia inscripción de demandantes y propondrá la adjudicación a familias concretas. Únicamente se formalizará la solicitud de adjudicación por emergencia social, una vez propuesta la familia en la comisión», narra el documento elaborado por la consejería.

Quienes acuden, por tanto, a solicitar estos domicilios rellenan una inscripción para el registro, pero no una solicitud como tal. «Los ciudadanos están completamente desinformados y les dan falsas esperanzas», aseguró Puente, quien remarcó que «tienen que renovar esta inscripción además cada año».

De 2000 a 2011, el Ayuntamiento de Gijón contaba con un apoyo regional para el Programa de Ayuda al Alquiler, que se traducía en una cuantía de 120.000 euros. Sin embargo, «desde que Foro entró en el Gobierno, el Principado ha dejado de enviar esta aportación», criticó la concejala.

Esta decisión causó desde el principio malestar entre el Consistorio gijonés y los responsables regionales de Vivienda.

En 2012 se les negó la partida en base a los recortes recogidos en el Plan Económico Financiero de Reequilibrio elaborado por el Gobierno central, pero la entonces Consejería de Bienestar Social y Vivienda, sí concedió 100.000 euros a Avilés para facilitar el acceso a la vivienda en alquiler a colectivos desfavorecidos del municipio.