Cimavilla cumple cinco años con el sistema de videovigilancia en los accesos desconectado

¿Y por qué Cimavilla se quedó sólo a merced de las señales luminosas que advierten de la restricción? Hasta 2020, el Ayuntamiento se valía del cotejo de matrículas con la empresa concesionaria del parking del cerro Santa Catalina para controlar los vehículos no residentes que entraban en el aparcamiento, pero la ley de Protección de Datos prohibió la transferencia de documentos entre empresas. Ante posibles infracciones de dicha ley, el equipo de gobierno de Ana González (PSOE e IU) decidió cerrar el circuito y anular el control de accesos mediante cámaras. Esto no significa, cabe insistir, que la normativa no siga vigente. «Nos hemos encontrado con este problema que trataremos de solucionar lo más rápido posible», apuntaba ya en diciembre Pelayo Barcia, concejal de Movilidad y Tráfico. Y aunque el asunto ya no depende de Tráfico, sino las concejalías de Hacienda y Seguridad Ciudadana, por el momento no hay fecha para poner en marcha el sistema de videovigilancia.

¿Y que solución aporta el Ayuntamiento? Controlar las entradas y salidas íntegramente. No obstante, dicha vigilancia, pese a que las cámaras municipales llevan instaladas desde noviembre en las entradas al barrio y al parking, no se termina de poner en marcha. Las cámaras, que costaron 125.000 euros, todavía no se han conectado. El equipo de gobierno alega que el servicio de recaudación está analizando las necesidades que hay de cara al expediente sancionador, y que la Policía Local está tratando de coordinar el nuevo sistema de videovigilancia.

Por cierto, controlar las entradas al parking subterráneo del Cerro ahorrará a sus abonados tener que notificar al Ayuntamiento –como hacían hasta ahora– la utilización por parte de un segundo vehículo de la plaza alquilada. Este trámite continuaba siendo una obligación del propietario de una plaza pese a que el Consistorio no tenía forma de controlar la veracidad del cambio.

Lo que parece descartado es que el equipo de gobierno vaya a declarar Zona de Bajas Emisiones (ZBE) al barrio de Cimavilla, pese a que controlar los accesos al mismo y restringir el tráfico a vehículos no residentes son dos de los principales requisitos de la Federación Española de Municipios y Provincias para ser considerada ZBE.

El aniversario de la desconexión de las cámaras coincide con el acuerdo de la junta de gobierno para publicar la licitación por 1,5 millones de euros de los trabajos para instalar plataforma única desde del tránsito de Las Ballenas hasta Honesto Batalón, aunque las obras no comenzarán hasta final de año.