La empresa de aguas impone un código ético a su plantilla

La empresa de aguas impone un código ético a su plantilla
Sede de la empresa municipal, en El Arbeyal. / HUGO ÁLVAREZ

Hace referencia a la actitud frente al cliente, la relación con los compañeros y la reputación de la compañía

I. VILLAR / M. MORO

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) ha aprobado un código ético «dirigido a todos los empleados de la compañía», cuyo contenido ha recibido las críticas de sindicatos como la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI). UGT y CC OO, que forman parte del órgano de dirección de la empresa, se abstuvieron en esa votación, «porque entendimos que hay determinadas redacciones que tienen que ser mejoradas, y nos consta que la intención de la empresa es hacerlo», explicaba un portavoz del último de ellos.

En su primer punto el código establece los «valores» que se le deben presuponer a todos los trabajadores, pidiendo que se comprometan «a ser diligentes, a saber escuchar, a buscar la innovación, a ser serviciales y trabajar en equipo de forma legal, rigurosa y transparente». De forma más desarrollada, les pide entre otras cosas «atender a los clientes con el máximo interés y esforzándose para interpretar sus demandas», «ser respetuosos y vigilantes con el medio ambiente y las políticas de sostenibilidad» y «actualizarse constantemente en los conocimientos tecnológicos».

Enumera a continuación cuatro «principios de comportamiento ético»: buena fe, honestidad, respeto y confidencialidad. El primero hace hincapié en la necesidad de actuar con «lealtad» tanto hacia la empresa como hacia sus superiores, compañeros y colaboradores con los que tengan que relacionarse para el desempeño de su trabajo. «Se supeditarán los objetivos personales a los generales de la compañía y se velará para que no exista conflicto entre ambos». Algo en lo que se ahonda en el apartado referente a la honestidad: «todos los empleados se comprometen a declarar cualquier relación personal o profesional que pudiera condicionar su comportamiento en la empresa». Se indica también que no deben aceptarse «compensaciones o ventajas indebidas» y que se declararán los regalos de terceros. Él texto añade también que «no se permitirán relaciones personales ni familiares en dependencia directa ni dentro de la misma unidad organizativa que no se ajusten a ley».

En cuanto al «respeto», remarca la obligación de «mantener un entorno de trabajo libre de toda discriminación» -por raza, discapacidad física, religión, edad, nacionalidad, orientación sexual, sexo, opinión política u origen social- y en el que no se admite «ninguna forma de acoso o abuso físico, sexual, psicológico o verbal». Pide además «cuidar el lenguaje al hablar de terceros y propiciar la no existencia de pautas ni comentarios difamatorios dentro y fuera de la organización». Finalmente en el apartado de confidencialidad se prohíbe compartir datos confidenciales tanto sobre las personas como sobre las actividades desarrolladas por la compañía.

Control del e-mail

Existen aparte otros cinco «principios de comportamiento profesional». En el de «pasión por el cliente» se insta a buscar siempre «un nivel de atención excelente» y en el de «actitud de equipo» pide «evitar actitudes pasivas». Uno de los apartados que más enfado ha causado entre algunos representantes sindicales es no obstante el dedicado a la «gestión eficiente», al contemplar que la compañía estará expresamente autorizada a «controlar» el uso de herramientas como el correo electrónico, a las que se prohíbe dar un uso personal. También el referente a la necesidad de cuidar la reputación de la EMA, que indica que «todos serán especialmente cuidadosos en cualquier intervención pública, debiendo contar con la autorización necesaria para intervenir ante los medios de comunicación siempre que aparezcan vinculados a la EMA».

La CSI considera «inaceptable» este último punto, pues atenta contra «la libertad de expresión» e impide «que la ciudadanía pueda conocer la realidad de los servicios que paga con sus impuestos». La organización sindical, minoritaria en el comité de empresa, interpreta el código, cuyo incumplimiento puede acarrear medidas disciplinarias, como «una herramienta para disciplinar a la plantilla con el despido, sin necesidad de que su conducta se tipifique como falta en el estatuto de los trabajadores ni en el convenio.

Incluye un decálogo de preguntas que insta a los trabajadores a hacerse antes de tomar decisiones.