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OLAYA SUÁREZ
GIJÓN.
Viernes, 16 de febrero 2018, 03:03
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Alquiló una casa en Leorio y aprovechó que tenía los datos de su casero para solicitar a su nombre un préstamo de 637,20 euros. No solo eso. No devolvió la deuda contraída y cuando la empresa denunció al supuesto deudor, el ahora acusado presentó una firma de la víctima con la que supuestamente le autorizaba a recoger las notificaciones derivadas del procedimiento judicial.
La Sección Octava de la Audiencia Provincial le condenó ayer a 18 meses de prisión: seis meses de cárcel por estafa, seis meses por estafa procesal y otros seis por falsedad en documento oficial, además del pago de una multa de 600 euros y de 600 de indemnización al perjudicado por los daños morales causados. El procesado llegó a un acuerdo con el ministerio fiscal por el cual reconoció los hechos y consiguió una reducción de la condena al apreciarle el atenuante de reparación del daño (el procesado consignó el dinero antes de la celebración del juicio). La acusación pública solicitaba inicialmente una condena de tres años y nueve meses de cárcel.
«El acusado, con propósito de obtener un beneficio económico, utilizó los datos para, haciéndose pasar por el legítimo titular de los mismos, efectuar la contratación de un préstamo con la empresa Cetelem por importe de 637,20 euros, suscrito el 29 de marzo de 2012 en el que hizo constar el nombre y DNI de la víctima, simulando la firma de ésta. El acusado no abonó los plazos otorgados generando un perjuicio a la empresa Cetelem de 603 euros por las cuotas impagadas», consideraba el fiscal en su escrito de calificación.
El 30 de septiembre de 2013, Cetelem interpuso demanda de procedimiento monitorio contra el supuesto contratante. Días después, «el acusado compareció en el juzgado aportando un documento de autorización presuntamente firmado por el perjudicado, en el que el acusado u otra persona a su ruego había imitado la firma utorizándole a recoger notificaciones que se efectuaran en el procedimiento, maniobra con la cual impidió a la víctima conocer la existencia de la demanda interpuesta contra el mismo y defenderse de las pretensiones del demandante».
El perjudicado ejerció la acusación particular durante el procedimiento penal contra el procesado. El acuerdo entre las tres partes evitó la celebración del juicio, que estaba previsto para ayer en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, presidida por el magistrado Bernardo Donapetry.
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