La construcción pide una reforma legal para evitar paralizaciones de planes urbanos

Según explicó Jaime Díaz de Bustamante, socio del área de Inmobiliario de Ontier, a los planes generales de ordenación (PGO) «se les debería dotar de mayor seguridad jurídica tanto en su tramitación como en su aplicación». En los últimos años, resaltó, la mayor parte de los inversores en el sector residencial son extranjeros y reclaman esa seguridad. En su opinión, «la dispersión normativa no es beneficiosa. Habría que regularla a nivel nacional, homogeneizarla». Carlos Fernández Iglesias, director territorial de Inversión Inmobiliaria del Banco Sabadell, ahondó en esta idea y apuntó que «lo importante es que haya un marco estable, porque es un sector muy cíclico. De esa manera se puede generar actividad económica».

Gijón estuvo unos diez años sin planeamiento urbanístico y, en opinión de Consuelo Villanueva de la Sierra, directora de Instituciones y Grandes Cuentas de la Sociedad de Tasación, el PGO local «es una hoja de ruta» que permiten al sector tener abiertas «todas las posibilidades social y económicamente».

María Calvo es la presidenta de la patronal CAC-Asprocon y ofreció algunos datos del sector en Asturias durante el año pasado. Se realizaron, dijo, 1.563 viviendas de obra nueva ante una demanda que se mueve entre 1.500 y 2.000 anuales. «Estamos en un nivel de producción razonable, pero a partir de aquí hemos de tener prudencia. Esperamos que 2019 sea un año bueno, con algo de aumento. En el primer trimestre ya se han hecho 267 visados», explicó.

«Llevamos cuatro años de un crecimiento sostenible y nos preguntamos hasta cuándo. Durará lo que dure la demanda, que es limitada», reflexionó, por su parte, Carlos Fernández.

El sector se declara preparado para afrontar los próximos retos. No en vano, los expertos aseguran que la llegada de inversores extranjeros hizo que se profesionalizara más, tal y como remarcó Jaime Díaz, pero hay aún, advirtieron, dos retos fundamentales: modificar los procesos constructivos y superar la escasez de mano de obra.

Uno de los problemas de los que más se habla relacionados con la vivienda es su alto precio. Consuelo Villanueva explicó que fueron Madrid y Barcelona quienes tiraron de esa subida de precios, así como la llegada de los inversores extranjeros. No obstante, apuntó que no en todo el país ocurre igual: «Hay dos velocidades claramente. Está subiendo mucho en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga y Palma de Mallorca, pero en el resto de España no. Se puede hablar de una estabilidad económica, con unos intereses financieros como jamás hubo y el incremento de los precios fue prudente, de entre el 1% y el 3%». También llamó la atención sobre el hecho de que «la vivienda se compra cuando se puede comprar. A los jóvenes les hemos borrado su futuro y difícilmente se van a subir a un carro que dura 30 ó 40 años -en referencia a la hipoteca-».

Estos expertos reconocen que el alquiler también tiene sus problemas por falta de regulación, por lo que Jaime Díaz reclamó «más seguridad, flexibilidad y beneficios fiscales para los propietarios». Otra alternativa sería la vivienda protegida, que jugó un papel muy importante en los últimos años, pero «ahora no tienen ninguna ayuda, por lo que creo que habrá mucho suelo que no se va a desarrollar», explicó María Calvo. En su opinión, los planes urbanísticos deberían prever este tipo de viviendas «en función de la necesidad real». El año pasado solo se construyeron 4.000 viviendas protegidas en todo el país, gran parte de ellas en Asturias.

Constructores y juristas reconocen que ha cambiado el mercado inmobiliario, con un cliente que ya llega muy informado a los puntos de venta, tras haber consultado previamente los portales de internet. Asimismo, ha cambiado el modo de financiación de las promociones, pues «ahora los promotores aportan recursos propios a los proyectos, que se aprueban ya con licencias y otros trámites, lo que les da fiabilidad», indicó Carlos Fernández. «Estamos en un punto que puede ser razonable», concluyó Calvo.