El crimen de la alcantarilla, veinte años de impunidad

Se cumplen veinte años del crimen de 'la alcantarilla'. Casi el mismo tiempo que lleva en paradero desconocido una de las sospechosas y principal testigo de muerte de Bernabé Abad Martínez. El hombre de 41 años apareció muerto junto a las piscinas de El Llano con la cabeza machacada por una tapa de registro. Las investigaciones apuntaron a dos personas: una prostituta con la que supuestamente la víctima había tenido un encuentro y su proxeneta. Ella se fugó tras quedar en libertad con cargos; a él un jurado popular lo condenó a 17 años por asesinato, pero luego el TSJA y el Supremo le absolvieron. A día de hoy el crimen de la alcantarilla está impune.

Sus ramificaciones fueron además inconmensurables: tirando del hilo, la Policía llegó hasta el 'caso Pipol', el grupo criminal dedicado a la venta de droga y explosivos que actuó como germen en la masacre del 11-M, el mayor atentado yihadista de la historia de España. Una papelina de cocaína hallada en la ropa del sospechoso del asesinato de Bernabé condujo a un pub de La Arena donde dijo haber comprado la droga. Los proveedores eran Toro y Trashorras, condenados a 4 y 34.000 años de prisión por suministrar la dinamita que utilizaron los terroristas en los atentados de Madrid.

Las pesquisas arrancaron con la aparición del cadáver de Abad en mitad de un gran charco de sangre. Era natural de Turón y vecino de La Coría. Siete días después la Policía Nacional detenía a tres sospechosos: una prostituta belga de nombre Viona Sanders; el proxeneta, José Manuel Álvarez Prado, y su compañero de piso, José 'el moco', que quedó en libertad.

Las investigaciones llevaron a la conclusión de que entre Bernabé y la mujer se había producido una discusión por el impago de un servicio. Abad estaba al borde de la intoxicación etílica, según reveló la autopsia. Presentaba 2,9 miligramos de alcohol en sangre.

Viona Sanders apuntó a Álvarez Prado como el asesino. Lo hizo ante el juez y desapareció. El jurado popular de la Audiencia Provincial condenó en 2002 a José Manuel Álvarez Prado por un delito de asesinato. Le impusieron 17 años de prisión, una condena que, a juicio de la familia de la víctima, suponía hacer justicia por la memoria de Bernabé.

Sin embargo, el procesado recurrió y, de la mano del letrado José Joaquín García, logró que el TSJA le diese la razón y le absolviese argumentando que se había vulnerado la presunción de inocencia ante la inexistencia de indicios probatorios.

A Álvarez Prado se le perdió entonces la pista, al igual que ocurrió con Viona Sanders. Veinte años después, el crimen de la alcantarilla sigue sin esclarecer, como ocurre con el más reciente de Juan Carlos Roces, propietario de la Cervecería Carvi de la calle Ezcurdia, en 2010. Igualmente, se detuvo a un sospechoso que fue juzgado y condenado a 18 años de prisión. Tanto el TSJA como el Supremo tumbaron la sentencia y dejaron al acusado en libertad.