El PP critica al Principado por su «silencio» ante la estafa de iDental

El diputado regional del PP Carlos Suárez criticó ayer la «lentitud, falta de respuesta y silencio» del Gobierno regional ante el problema de iDental, que deja a sus afectados en una «situación de abandono». En su opinión, ni la Agencia de Salud Medioambiental ni la Consejería de Sanidad están actuando con diligencia ni «tomándose en serio» el conflicto.

Suárez lamentó que los afectados por la estafa de iDental «siguen esperando el comienzo de la solución» por parte del Ejecutivo autonómico, que, recordó, en teoría es el garante de sus derechos.

A su juicio, una actuación diligente habría dado solución a los tres principales problemas: la entrega del historial clínico de los afectados, el acuerdo con las entidades financieras para paralizar o renegociar los créditos y la agilización de los convenios para la reevaluación de los tratamientos pagados y la peritación de los realizados, que podrían ser denunciados por mala praxis.

Respecto al historial clínico de los afectados, ha destacado que regiones como Murcia y Castilla y León lo han conseguido «de manera gratuita», tras solicitarlo «urgentemente» a los juzgados, algo que no ha ocurrido en el Principado.

Para Suárez, el silencio y la parálisis de la Consejería de Sanidad solo ofrecen desazón y desesperanza a los afectados, y está dejando que el conflicto «acabe pudriéndose en los tribunales».

Asimismo, incidió en la necesidad de un Gobierno que trabaje por los asturianos y que no esté «de vacaciones», ya que se puede actuar de otra forma y conseguir soluciones «como se ha visto en Murcia y Castilla y León», concluyó.

El problema de los afectados por el cierre de la cadena fue tratado ayer en la reunión del Consejo Sectorial de Consumo de Gijón, en el que participó la directora de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Rosa Urdiales. Durante el encuentro se informó de los pasos dados hasta el momento tanto por el Ayuntamiento como por el Principado. Con respecto a la administración autonómica, Urdiales explicó que actualmente se están recopilando todos los casos denunciados en las oficinas de Consumo y se ha empezado a preparar un dispositivo para que en el momento en que se puedan recuperar las historias médicas de los pacientes poder trabajarlas y devolvérselas a los damnificados. Señaló que esta misma semana está previsto que el Consejo de Gobierno del Principado autorice una ampliación del personal de la Agencia de Consumo para atender estas labores.

El Ayuntamiento, por su parte, recordó que en agosto de 2017 ya remitió a la Fiscalía las denuncias recibidas de afectados por el cierre de iDental, que fueron archivadas por la Fiscalía al entender que se trataba de un problema privado entre particulares que debía dilucidarse por la vía civil. Posteriormente el asunto ya pasó a ser cuestión de la administración regional.

En el consejo sectorial también se dio cuenta del nuevo convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Unión de Consumidores para prestar asesoramiento a los afectados por cláusulas bancarias abusivas, como las cláusulas suelo, o por la acción de las compañías eléctricas. «Mucha gente aún no ejerce sus derechos», lamentó el Consistorio.